Democratizar la UNAM

“Afianzaremos no sólo la autonomía de nuestros institutos superiores, sino que reforzaremos las causas libertarias de México”

Javier Barros Sierra, Rector de la UNAM. Pronunciamiento realizado en la marcha del 1 de agosto de 1968.

Actualmente en el país las instituciones públicas, mayoritariamente las de gobierno, se encuentran en una espiral de desprestigio y desconfianza. Diversos estudios y encuestas reflejan que un gran sector de la sociedad mexicana no confía en sus instituciones, y en gran medida por las diversas y profundas crisis que aquejan al país y las cuales el Gobierno Federal o ha propiciado por su incompetencia administrativa o ha sido incapaz de resolver por su interés en favorecer a grupos o sectores no representativos con el grueso de la sociedad. Si bien la señalada desestima y desaprobación social es general, pero hay sectores institucionales que focalizan el malestar: Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la de Hacienda, la SEP, los Gobiernos Estatales, el Ejército, la PGR, las referidas a la impartición de justicia. Pero también muy lamentablemente ese desprestigio alcanza a organismos autónomos como el INE o la CNDH.

Dentro de ese contexto son muy pocas las instituciones que gozan de una valoración social positiva. Aun cuando es posible hacer diversos señalamientos sobre la naturaleza constitutiva y funcional, los grandes centros de educación universitaria y pública del país, el IPN, la UAM y muy enfáticamente la UNAM, son justamente depositarios de esa estima dentro de la opinión pública nacional. Y no es fortuito. Es muy probable que aquellos ideales fundacionales, contextualizados en momentos y circunstancias específicas y también, modificados por los diversos procesos históricos de la sociedad mexicana, continúen como una agenda irrenunciable. Se asocia frecuentemente que estas universidades, y desde la especificidad de sus entramados institucionales, deben apoyar y deben incidir en la renovación de la sociedad mexicana por medio de la extensión de mecanismos que, partiendo de la cultura, la ciencias y las humanidades, puedan interactuar y atender con respuestas convenientes las profundas demandas y problemáticas nacionales. Y regresando a aquellos ideales fundacionales, el papel socialmente renovador de las universidades en México no trata de una opción, trata de una urgente e impostergable tarea que hay que resguardar, sostener y continuar.

Nuestra sociedad merece democracia, es la única vía. ¿Cómo es posible o alcanzable? Para muchos de nosotros la mera palabra puede resultar un tema trillado o gastado dentro del contexto nacional, más por el empleo abusivo y fraudulento que hace del mismo término el gobierno y la partidocracia, pero recordemos que la democracia conceptualmente acude a la idea de igualdad, a la idea de una sociedad donde impere el bien común, donde los privilegios a unos cuantos sean técnicamente improcedentes, donde el disfrute de derechos sociales sean justamente para todos. Me queda claro que cuanto más nos familiaricemos en el uso de mecanismos democráticos y cuanto más ejercitemos nuestras capacidades cívicas en relación a imponer siempre el privilegio e interés común, estaremos definitivamente en condiciones más favorables para esperar que esa requerida renovación social nacional, en la que participan indudablemente las universidades desde sus alumnos, sus trabajadores, sus académicos o sus investigadores, sea una realidad. El empleo de la democracia en la UNAM necesariamente debe ser un tema central en lo que respecta a salvaguardar su misma posición de responsabilidad social, cívica y ciudadana. La UNAM debe ser consecuente con la urgencia en fortalecer la idea de democracia en México, ya que la participación ciudadana en la toma de decisiones representa en gran medida el medio viable para cimentar esa renovación social de la que muchos estamos hablando y que muchos estamos exigiendo.

El pasado 27 de agosto un grupo de académicos e investigadores de la UNAM firmaron una carta dirigida a la Junta de Gobierno de la misma Universidad donde exponen porque es urgente y conveniente el empleo de mecanismos democráticos, desde los cuales integrar a la comunidad de la Universidad en la elección del nuevo Rector.

      

Discusión didáctica del #CCChapultepec

Pulso de la desigualdad: La polémica que en las últimas semanas ha propiciado la presentación oficial del #CCChapultepec no cede. El proyecto como sabemos plantea la recuperación, rehabilitación y reanimación la avenida Chapultepec por medio de la implementación de un programa que entre otras cosas requiere la construcción de sendas estructuras elevadas sobre la avenida y desde las cuales se organizarán áreas verdes, áreas comerciales y soportes para actividades culturales. Igualmente esta estructura, se señala, articulará la vinculación entre las colonias Roma Norte y la Zona Rosa. La iniciativa ha sido cuestionada tanto por las soluciones urbano-arquitectónicas, por los esquemas comerciales que involucra (entorno a los cuales se define la naturaleza de los espacios públicos), por el modelo de inversión sugerido, así como por la posible falta de transparencia y por la negativa a integrar mecanismos eficientes de consulta y participación ciudadana. Pero dentro de esta discusión ¿ante qué estamos, de qué somos testigos? -Muchas de las críticas y aventurando una síntesis, han enfatizado que el #CCChapultepec, al igual que muchos otros proyectos o iniciativas en la ciudad, entra en directa colisión con los derechos al bien común, a la democracia y con el derecho a la ciudad. Hasta ahí, no tengo desacuerdo.

México es un país extremadamente desigual, es posible acceder a diversos informes que revisan y exponen esta situación de manera profunda y sistemática. Me referiré sobre la desigualdad de manera esquemática, espero no superficialmente. Al momento de hablar sobre desigualdad es frecuente asociarla y de manera casi inmediata con una desigualdad de naturaleza económica, referida en lo específico con la disparidad en el ingreso, con las diferencias abrumadoras en la repartición de riqueza. Pero la desigualdad es un fenómeno que también se expresa, por ejemplo, en el ejercicio de diversos derechos, como los referidos a contar con vivienda, educación o salud, igualmente se expresa sobre otros derechos relativamente más complejos como por ejemplo la desigualdad en el ejercicio de la democracia, en el acceso a la justicia o desigualdad en el derecho a la ciudad.

Hablar del derecho a la ciudad refiere, entre otras cosas, a poder gozar dentro de una extensión delimitada tanto físicamente como políticamente, de una interacción social consensuada y tolerada. El derecho a la ciudad trata del derecho de todos a incidir en la creación, mantenimiento o transformación de la misma ciudad o centros urbanos, buscando responder con ello a las necesidades más apremiantes y comunes. Y sí, en buena medida la ciudad, al igual que la democracia, acuden a la idea política profunda de igualdad. Así como todos los habitantes de las ciudades y centros urbanos deben tener los mismos derechos para configurar y construir las ciudades que requieren o necesitan. Por otro lado, el modelo de democracia en el que estamos indica que una persona significa un voto, una opinión con el mismo valor o importancia que el de los demás. El fenómeno de la desigualdad altera profundamente lo anterior. Así, tanto el derecho a la ciudad como a la democracia es parcial y desigual, algunos -regularmente muy pocos- tienen una opinión y un voto con preponderancia sobre el de los otros, algunos deciden sobre los intereses de la mayoría. ¿A qué se debe la existencia de esta desigualdad? ¿Cuáles son los motivos o causas?

¡Eureka! Las diversas críticas, discusiones, revisiones y análisis del #CCChapultepec han propiciado, considero, la mediatización de una serie de razonamientos que superan al proyecto mismo. Y ha sucedido que desde el #CCChapultepec muchos se han permitido reconocer una realidad, que además de ser nuestra, es simple y contundente: que vivimos en una sociedad donde la desigualdad es su máximo e incesante referente. Así, desde los diversos esfuerzos en revisar la naturaleza arquitectónica, urbana, económica o política del #CCChapultepec paralelamente se deduce que el sistema social en el que estamos es profundamente inequitativo y el cual se fundamenta en discriminar la capacidad de grupos sociales al momento de ejercer y gozar diversos derechos elementales. Igualmente con el #CCChapultepec se deduce que ese sistema inequitativo, además ofrecido siempre como factor de desarrollo, permite que un muy reducido grupo continúe en su búsqueda de mayores utilidades o beneficios a costa de una repartición de riqueza extremadamente desigual. Y por último con el #CCChapultepec se deduce que en nuestro sistema social desigual ese muy reducido grupo somete, manipula o supera las voluntades de gobiernos, autoridades y leyes con el fin de favorecer, nuevamente, la generación y acumulación dispar de riqueza.

Pero regresamos a las preguntas antes planteadas: ¿A qué se debe la existencia de esta desigualdad? ¿Cuáles son los motivos o causas? Thomas Piketty, en el libro El capital en el siglo XXI, ofrece una respuesta determinante: el sistema capitalista es el responsable directo de la desigualdad. Y en efecto, sucede que la versión actualizada del capitalismo, el neoliberalismo, se fundamenta en la desigualdad social por que le es necesaria para la generación de riqueza. Así la tasa de beneficios del capital es sistemáticamente mayor siempre que la tasa de crecimiento de las economías, y que son justamente las economías las que sustentan los beneficios de la mayoría de las personas. Es decir, la naturaleza del sistema capitalista ofrece una tendencia siempre a la desigualdad. Con lo anterior la impronta de la desigualdad direcciona a muchas de las críticas y discusiones sobre el #CCChapultepec, aun cuando no lo acepten o no lo sepan aquellos que las han pronunciado, los señalamientos de fondo no tratan sobre la ineficacia de promotores o autoridades, tampoco sobre las deficiencias técnicas del proyecto. La discusión posible y necesaria está anclada al modelo de sociedad capitalista en el que estamos inmersos, ya que éste al ser un sistema de ordenamiento económico, social e ideológico somete y prescribe en virtud a sus intereses a la mayor parte de actividades profesionales, evidentemente incluyendo a arquitectos y urbanistas.

¿Y qué es entonces urgente revisar, criticar, discutir? ¿Qué aspiración de modificación es pertinente? ¿Lo formal, lo aparente o aquello de carácter sistémico que lo determina y define?

La Reforma Educativa que no llega al aula

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el pasado lunes 24 regresaron a clases en todo el país 25 millones 900 mil alumnos y un millón 200 mil profesores de educación básica. Dentro del mismo comunicado la dependencia federal precisó que la matrícula para el ciclo escolar 2015-2016 en el nivel preescolar asciende a cuatro millones 852 mil 242 alumnos. En lo que respecta a primaria, la matrícula es de 14 millones 257 mil 501 alumnos, y en secundaria, seis millones 852 mil 429 alumnos. El inicio del nuevo ciclo escolar se dio en las 228 mil 269 escuelas del país, cifra que incluye planteles de educación preescolar, primaria, secundaria y tanto públicas como privadas. Igualmente recordemos que son diversas las controversias que arropan el inicio del mismo ciclo escolar 2015-2016; tanto la renovación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los profesores en paro en diversos estados del país por la Reforma Educativa y la evaluación docente y por si fuera poco, la especulación sobre posibles cambios en la SEP en razón al estado de salud de Emilio Chuayffet, aun cuando reapareció en Guerrero igualmente el lunes dentro de evento oficial.

Otro asunto que invariablemente hará presencia en el inicio del ciclo escolar es el referido a las condiciones de las escuelas en México. El estado físico de las escuelas o de la infraestructura educativa es uno de los tópicos que pretende abarcar la Reforma Educativa, ya que por medio de las aulas, de explanadas y patios, o desde los talleres y laboratorios así como de los servicios básicos que le dan soporte, sanitarios, drenaje, internet, energía eléctrica o bebederos, se representa el contexto desde el cual los niños del país deberían adquirir algún tipo de instrucción o formación. Y es también, desde la naturaleza y condición de las escuelas, como se reconoce y ha reconocido de alguna manera al Estado Mexicano. Resulta que el estado físico de las escuelas en México -y en el mundo- constituye un importante indicador en cuanto a la calidad educativa, y para nuestro caso, el estado actual de las escuelas se ofrece como una prueba del olvido a la que han sido sometidas por años y también, sitúan en dura revisión, las acciones del actual Gobierno Federal para intentar revertirlas por medio de la Reforma Educativa.

Y ¿en qué condiciones inician clases los alumnos y profesores? El estado físico de las escuelas en México es abrumadora, cruda y vergonzosa, así lo expuso el primer Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), realizado en 2013 por el INEGI bajo encargo de la misma SEP. De las 228 mil 269 escuelas que albergarán a más de 25 millones de alumnos en el ciclo escolar, el Censo reveló que el 27.72% de esos planteles, es decir 57 mil 567, no cuentan con acceso a la red de agua potable, 23 mil 283 no cuentan con servicios sanitarios, 20 mil 111 sin servicio de energía eléctrica, 2 mil 241 escuelas están hechas con  materiales precarios, 14 mil 444 no cuentan con pizarrones, 81 mil 718 están sin drenaje, 45 mil 837 operan sin áreas deportivas o recreativas, 125 mil 552 sin teléfonos, 123 mil 511 sin conexión a Internet, 96 mil 310 sin rampas para personas con discapacidad.

El duro diagnóstico de la condición física de los planteles escolares está dado hecho, si la Reforma Educativa buscaba ser consecuente con sus mediatizados objetivos, referidos a mejorar la calidad de la enseñanza, incluyendo evidentemente una mejora en el estado de las escuelas, el programa de acciones en ese rubro era básico: Implementar un gran programa integral y eficiente de construcción, rehabilitación, ampliación, mejora y equipamiento de las escuelas. La realidad es otra, actualmente las acciones programadas por la Reforma Educativa en relación a mejorar el estado actual de miles de escuelas en el país son apenas esquemáticas, plenamente insuficientes. Con base a lo anterior solo es posible advertir dos escenarios: Primero, que los Programas Federales “Escuelas de Calidad”, “Escuelas Dignas” y “Escuelas de Excelencia” deberán incrementar, con el fin de alcanzar una cobertura total y antes del 2018, en un 300% los $11,000 MDP anuales destinados a la rehabilitación y mejora de escuelas en el país, es decir pasar de 10,000 escuelas atendidas a más 30,000 por año; que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) deberá ofrecer mecanismos que aseguren el conveniente y transparente ejercicio de los recursos asignados y que deberá, además, optimizar, eficientizar e innovar técnicamente las acciones de atención a realizarse en cada plantel. O segundo, que el Gobierno Federal acepte que las condiciones insuficientes de la infraestructura de miles de escuelas pone en evidencia el mal diseño de la Reforma Educativa, ya que ésta es incapaz de atender y resolver las problemáticas del rezago físico en las instalaciones escolares del país y no es posible cubrir los requerimientos necesarios -y básicos- para alcanzar la tan citada calidad educativa.

La decisión que tomarán aún está en el aire, pero ya en varios medios se señala como posible que el gobierno cancele para el próximo año los programas “Escuelas Dignas” y “Escuelas de Calidad”, con lo cual se estaría comprobando -y de facto- un nuevo fracaso de la política educativa, ahora buscada desde la Reforma.

Grecia: Elefthería i thánatos

El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, anunció su dimisión. La noticia ha llegado después de que el gobierno griego transfiriera $3,400 millones de euros para amortizar su deuda con el Banco Central Europeo. Acompañando el anuncio de dimisión, se han convocado a elecciones anticipadas para septiembre. Recordemos que Tsipras asumió como Primer Ministro en enero pasado bajo la fórmula de izquierdas, encabezada por Syriza y aglutinando a comunistas, independientes, extrema izquierda e izquierda democrática. La nueva estructura parlamentaria controlada por la alianza de izquierdas supuso el surgimiento de posiciones que enfrentarían las políticas de la Troika en cuanto a la aplicación de medidas de austeridad intransigentes, igualmente se especuló sobre el inicio de la recuperación de la autoestima nacional. Esto decía Tsipras en su primer mensaje como ministro griego:

“Hemos vencido el miedo y recuperado la esperanza. Nuestra victoria es una victoria de todos los pueblos de Europa que luchan contra la austeridad. Nuestra prioridad por encima de todo es devolver la dignidad perdida a Grecia, con un Gobierno para todos los griegos, nos hayan votado o no.”

Previo a la noticia de dimisión, Tsipras ya se presentaba muy desacreditado ante la coalición de izquierdas de Grecia por su postura con la Troika, pues fue incapaz de atender el “No” del referéndum y cedió a las condiciones de los acreedores en la renegociación de la deuda, una deuda que el mismo FMI ha señalado como impagable, a menos que se ofrezca una quita del 70% o que el PIB griego crezca al 20% hasta el 2020. Hoy Tsipras ha asegurado que hizo lo mejor que pudo, igualmente señaló que por el momento están obligados a seguir con los acuerdos alcanzados con los acreedores centroeuropeos, por lo que sugiere que es necesario minimizar las consecuencias negativas, porque van a dar la lucha para alcanzar de nuevo su independencia en el futuro.

“Mi mandato del 25 de enero ha vencido. Ahora el pueblo debe pronunciarse. Ustedes con su voto decidirán si negociamos bien o no.”

Hugo Flores -¿Acaso el pueblo griego no había decidido ya, primero en las elecciones de enero donde la coalición de izquierdas encabezada por Syriza asumió la confianza de los votantes bajo la promesa de Tsipras en impulsar medidas anti-austeridad y segundo, en el referéndum del 5 de julio donde los griegos votaron "No", y con ello negaron la aceptación de las condiciones de la Troika para recibir un nuevo rescate?

*Dionisio Tzanetatos -En general sí ya el pueblo lo ha hecho. Syriza tenía del inicio un programa contradictorio. Por un lado era contra la austeridad y por otro lado a favor del euro. Eso era todavía algo realizable por parte de la mayoría de los griegos hasta la época del referéndum. Después de ello la gente conoce bien que la austeridad y el euro son cosas que van juntas. Entonces podemos decir que la pregunta de ahora será EURO y AUSTERIDAD VS MONEDA NACIONAL Y DEMOCRACIA. Y como entiendes es un tema de política, de economía, de geopolítica hasta revolucionario bajo la realidad actual imperialista.

HF -El mensaje para la izquierda en Grecia es demoledor y sus ecos llegarán lejos. ¿Es posible que el próximo Primer Ministro continúe siendo de izquierda? ¿Qué mensajes o posiciones posibles y viables podría asumir la izquierda, aglutinada o no, para sostener posiciones creíbles de poder y decisión de frente a un electorado que se siente en muchos aspectos traicionado?

DT -Podríamos decir que Syriza "vende" su selección de volver a las políticas de austeridad bajo la lógica de no tener otra alternativa, porque la moneda nacional seria según ellos un catástrofe. Los demás partidos ya existentes son o corruptos o fascistas. Por lo tanto una grande parte de la población votaría otra vez por Syriza. Pero otra parte de la población sobre todo las clases bajas y los que se refieren en la izquierda van a apoyar el nuevo partido que sea parte de Syriza y otras fuerzas de izquierda que no formaban parte del Syriza, votándole o no. En cualquier caso Syriza tendrá como aficionados una parte de la población mucho más conservadora que la vez anterior. La posibilidad de ganar las elecciones esta nueva izquierda es casi improbable este momento, pero tiene futuro si se dedica al trabajo de base. En el caso del éxito de esta nueva izquierda el sistema va a apostar otra vez en el partido fascista. En general parece que los cambios necesitan un poco más tiempo que hasta las elecciones y por lo tanto las hace Syriza ahora. Pero nunca puedes ser seguro en una época tan impredecible.

HF -El panorama de austeridad, recortes y privatización está en evolución, recientemente los acreedores centroeuropeos han forzado al Gobierno griego a aplicar una serie de acciones que incluyeron la privatización de 14 aeropuertos, mismos que pasarán a ser administrados por el consorcio alemán Fraport-Slentel, así mismo se deberán poner en venta más de 1200 islas. Por otro lado se espera que en breve las privatizaciones alcancen todos los aeropuertos locales así como la empresa que controla el suministro eléctrico. Y todo lo anterior con el fin de cubrir las condiciones de los acreedores y estar en capacidad de recibir los $85,000 millones de euros del llamado “tercer rescate”. ¿Radicalización y desobediencia ciudadana y política, es posible? o ¿Más austeridad, recortes y privatización?

DT ¡Todo es posible! La historia hay siempre alternativas. Pero es importante que el pueblo se siente que puede vencer. Para que se pase eso se necesitan la organización política pionera, y la solidaridad y la auto-organización social. Parece que estamos en un punto histórico que se pone la pregunta por primera vez en Grecia e independiente en gran medida de lo que pasará en Grecia otros lugares se enfrentaran con ella. La pregunta no es otra que ¿el pueblo quiere, la izquierda puede?

*Dionisio Tzanetatos, estudiante de doctorado en urbanismo, UNAM.

Tianjin: la falsa postal

En el libro “¿Tiene futuro el capitalismo?”, el cual con contenidos escritos por diversos especialistas, se ofrece un repaso por una serie de acontecimientos políticos y económicos que están determinando -en diversos grados y condiciones- la situación financiera actual: Ya sea Estados Unidos con la revalorización del dólar, la Unión Europea con su crecimiento dispar, China con las devaluaciones, etc… Como colaborador del mismo libro se encuentra el sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein (también colaborador en la Jornada) y quien escribe a grandes rasgos que el Capitalismo como Sistema Económico alcanzó su máximo nivel en los años 70 y que desde entonces el mismo sistema únicamente ha tratado de sostenerse por medio de la implementación de agresivas estrategias dentro de los llamados países periféricos, aquí es cuando el Modelo Neoliberal irrumpe como opción. Pareciera que el ofrecimiento más importante del libro es la coincidencia en un tema, y que se reduce duramente a una advertencia: El Mundo está por experimentar una crisis estructural en lo que respecta a la operación y funcionamiento del Sistema Capitalista. Los ecos de una advertencia similar, expuesta hace casi 150 años, resuena renovada. En 1867 fue publicada la primera versión de “El Capital”, en ella Marx predice la incapacidad inherente del capitalismo para sostenerse y anuncia su inminente muerte. Es y ha sido tema de diversas revisiones y discusiones la pregunta de porqué no ha sucedido esa "muerte". Yo ahora prefiero situarme en la mera posibilidad que suceda. Esta situación de posible término del capitalismo como sistema hegemónico, aun en un plazo no establecido, en sí misma supone una muy devastadora condición para las economías mundiales ya que la desestabilización de los esquemas que sustentan a las sociedades están determinadas por las lógicas y mecánicas del capitalismo. Serían esperables dramáticas y muy costosas consecuencias globales. Todos aquellos sectores y ámbitos que representan los intereses más voraces del capitalismo sin duda jugarán sus últimas cartas con los riesgos más grandes. Pero igualmente el posible fin del Sistema Capitalista causa un muy profundo sentimiento de confianza sobre deseadas condiciones para generaciones futuras. Una suerte de esperanza en alcanzar formas de interacción social renovadas y centradas en el respeto y en el bien común, también deben resonar.

Las poderosas imágenes de lo sucedido hace unos días en la ciudad china de Tianjin, y por un instante, las miré como postales de un mundo dramático ya superado.

¿Corrupción o país?

¿Cultural o político-institucional? El fenómeno de la corrupción en México constituye una problemática multifacética y compleja, esta coexiste en los más diversos estratos o instancias sociales, acude a múltiples causas, a diferenciados y muy nocivos resultados. De la corrupción se tienen variadas lecturas y percepciones, tanto en sus causas como en sus efectos, y justamente por la diversidad de instancias y actores que moviliza, simultáneamente o en alternancia, ha determinado en gran medida la crisis social y política actual en nuestro país. Debe de entenderse que el fenómeno de la corrupción en México no únicamente impacta y modifica la interacción económica o institucional entre diversos grupos sociales, la corrupción entre otras cosas está disminuyendo las capacidades de competitividad productiva, afecta severamente la impartición de justicia, manipula la participación democrática en favor de poderes fácticos, somete decisiones políticas a intereses socialmente no representativos. En lo cotidiano y de manera determinante, la opinión pública identifica como máximo referente de corrupción, ya sea por omisión, por incompetencia  o por una abierta complicidad, al Estado Mexicano. Hablar de una cuestión cultural como instancia que justifica la problemática de la corrupción en México no es del todo un juicio incorrecto, pero es plenamente insuficiente. En efecto, la corrupción como problemática social multifactorial se sujeta a diversos mecanismos de convivencia que parten de un plano cultural, porque es evidente que una serie de valores y conductas específicas configuran, dinamizan, determinan y permiten que el fenómeno de la corrupción en nuestro país exista con la naturalidad y densidad que sabemos. Que el gobierno mexicano esquematice la corrupción, que señale que ésta tiene como origen, medio y fin cuestiones culturales, o más aun, que la corrupción en nuestro país es una expresión cultural genuina, es un juicio a todas luces incorrecto, irresponsable y muy grave. En todo caso la problemática de la corrupción, por su dimensión e implicaciones y revisada desde la idea de Estado, no da espacio a eufemismos. La corrupción institucional en México no es un problema cultural, es en primera instancia una problemática del sistema institucional, que tiene que ver con las capacidades de las instituciones, que tiene que ver con los perfiles de los funcionarios y burócratas y que tiene que ver con los intereses a los que están sujetos.

En mayo María Amparo Casar presentó “Anatomía de la Corrupción” un estudio que expone la percepción de la corrupción que se tiene sobre México, el mismo fue realizado con el apoyo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). En el estudio, que puedes consultar aquí, la corrupción es abordada como un problemática de carácter sistémico, la cual se inserta en casi la totalidad del cuerpo político-administrativo en el país. "México muestra un nivel de percepción de la corrupción elevado en prácticamente la totalidad de las instituciones". En el mismo documento María Amparo Casar señala que un estudio de 2013, elaborado por Transparencia Internacional, indica que tras una consulta a 114,000 personas en 107 países, un 91% ve corrupción en los partidos políticos en México, 90% en la policía mexicana, y 87% en los funcionarios públicos. Algo así como 9 de cada 10 personas en el mundo consideran que las instituciones, los partidos políticos o los funcionarios en México son corruptos. Pero esto trata de percepción, situación que sugiere que la realidad de la problemática puede ser, quizá, menor o peor. En este punto resulta importante cuestionar sobre los posibles orígenes de la corrupción. Diversos estudios, ensayos o artículos de opinión realizados sobre la temática de la corrupción en México ofrecen pistas. En muchos de ellos se señala que el crecimiento alarmante y hasta hoy imparable del fenómeno de la corrupción en el país coincide con el desmantelamiento del Estado producido por la implementación del modelo neoliberal. Y no es fortuito, las llamadas reformas estructurales, tanto financieras como políticas y formalizadas con gran festejo en el salinato, constituyen referentes fundamentales del actual fenómeno de la corrupción en México. Así el desmantelamiento del Estado como tesis central del Neoliberalismo, muchas de ellas aun en evolución en el país, han propiciado entre otras cosas una disminución en el número de subsidios y subvenciones dirigidos al sector del campo y la industria en sus diversos tipos, siendo México un país que requiere éstos apoyos para alcanzar un desarrollo medianamente competitivo. Estas reformas se han traducido en un olvido pleno dentro de amplios sectores de la población por parte de las instituciones del Estado, situación que ha propiciado un enorme desplazamiento de mexicanos a Estados Unidos.

Por otro lado, el desmantelamiento del Estado ha estimulado fuertemente la cancelación de plazas de trabajo, tanto en la ciudad como en el campo permitiendo que la llamada economía informal se dispare a números impensables hasta hace unos años. Estas prácticas económicas informales, requieren necesariamente para su funcionamiento el estímulo de la corrupción bajo la modalidad de soborno o el tráfico de influencias. Lo anterior, que es apenas esquemático, en cierta manera pone en evidencia la inoperancia actual de aquellas ideas con las cuales se ha sostenido -y vendido- históricamente el capitalismo. Aquellas ideas sujetas en la libre empresa, en la libre competencia, en el mercado que respeta la legalidad, en la regulación de los mercados conforme a derecho, legalidad, competencia y oferta-demanda. La realidad es distinta en México, el modelo Neoliberal permite a aquellos grupos que han acumulado mayor riqueza hagan uso de la misma para diseñar e implementar mecanismos con los cuales puedan asegurar ganancias permanentes y crecientes, las cuales situadas en espacios fuera del control social. Hoy día las reformas neoliberales implantadas en el país no únicamente han permitido la obtención de ganancias vía el despojo y expropiación de los bienes públicos, también han impactado la cuestión del control y autoridad política ya que los emporios o grupos de poder económico, industrial o empresarial paulatinamente han asumido el control dentro de los más diversos aparatos del Estado y con ello reorganizando lo público en razón a sus intereses, esto ha sido posible entre otras cosas por medio de la movilidad, así la dinámica de obtención y manipulación del poder político favorecedora de los sectores privados han requerido la instalación de funcionarios públicos dentro de sectores estratégicos, mismos funcionarios que han sido formados en ámbitos directivos del sector privado o viceversa. Con lo anterior y teniendo a la corrupción como ámbito institucionalizado, se asegura el acceso a obra y/o proyectos públicos, el manejo de información privilegiada es cotidiano, se encubre la alteración o falsificación de documentos, el tráfico de influencias, cohecho y sobornos son moneda común. Pero quizá lo más nocivo y evidente, todo a costa de la degradación voraz del mercado interno y con las repercusiones que sabemos: Desigualdad en cualquier ámbito, desempleo, pobreza, marginación, migración, violencia.

CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL, COSTOS: El fenómeno de la corrupción en México, como se ha mencionado, es una práctica que se sostiene por las severas fallas en el funcionamiento de las instituciones públicas y esto en razón a gobiernos y funcionarios ineficientes, perjudiciales o con intereses distanciados de lo público, a su vez, esta situación se instala como medio de interacción tanto con el resto de la sociedad como también con los sectores productivos o empresariales. Resulta complicado dimensionar el tamaño y costos de la corrupción en cifras, debido entre otras cosas al alcance y penetración de la corrupción y la complejidad en sus manifestaciones, sin embargo diversos organismos nacionales e internacionales realizan esfuerzos en entender e identificar los estragos de este fenómeno en el país y el mundo. Transparencia Internacional ha estimado que el costo de la corrupción en México equivale al 9 por ciento dentro del rubro de gasto de inversión, este apartado que incluye todas las obras y/o proyectos públicos de infraestructura en el país. Por otro lado en el ámbito empresarial destinan en promedio un 10 por ciento de sus ingresos en tráfico de influencias o sobornos. Igualmente con información de Transparencia Internacional, dentro de su informe de corrupción correspondiente al 2014 señala que México ha descendido, entre 2008 y 2014, del lugar 72 al 103 dentro del Índice de Percepción de la Corrupción. En el informe se evalúan aspectos como: la aplicación de leyes contra la corrupción, acceso a la información y conflictos de interés. Con lo anterior México se ubicó en el lugar 103 de 175 países. El país mejor evaluado y con menores índices de corrupción es Dinamarca. Corea del Norte y Somalia están al final del listado, son los países con la percepción más desfavorable, son según el estudio, los más corruptos. México comparte ubicación en la tabla con Bolivia, Moldavia y Níger. En lo que respecta a América Latina, México  obtiene evaluaciones que lo sitúan por debajo de aquellos países de los que es socio o con los que compite en diversos mercados globales. En el Semáforo Económico Nacional 2014, se indica que el PIB nacional sería entre 2 y 3 porciento mayor si los niveles de corrupción actual no fueran tan altos y agresivos, ese cálculo está basado en diversos indicadores ofrecidos por el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, se estima que en lo que respecta a la inversión pública directa, lo que el Estado Mexicano invierte en diversos proyectos o acciones es de entre el 9 y el 15 por ciento. Son muchas las orientaciones y expresiones que asume el tema de la corrupción en México, al ser un fenómeno incrustado dentro del aparato institucional y por su dimensión y naturaleza se ha convertido en un elemento central para el acceso y ejercicio del poder, teniendo a la Obra Pública, sus presupuestos y sus objetivos como esenciales medios. Pero esta situación, aun con su crudeza o dramatismo, no es fortuita, como se ha mencionado antes se corresponde con la naturaleza misma del modelo Neoliberal, conforme a la evolución en su implementación en el país, se ha fortalecido y estimulado tanto legal como institucionalmente a la corrupción como medio para alcanzar y ejercer poder.

Un ejemplo posible de lo anterior es el sistema democrático mexicano. En el país la democracia tiene un costo. Aun cuando el presupuesto público anual del aparato democrático en México y de sus mecánicas de operación o funcionamiento es extremadamente grande, no me refiero a él, me refiero al costo ilegal que tiene el acceso al poder público por medio de la manipulación y la coacción democrática en México. Es decir, para acceder al poder público en México se requieren más que voluntades o carismas, más que programas o proyectos, se requieren recursos para comprar, someter, emplazar, coaccionar o manipular masas de votantes, y esto bajo diversos contextos y perfiles, el más importante, el de la extremadamente grande población empobrecida de México. El aliado indiscutible, la corrupción. Haciendo empleo de una dinámica y práctica constante de tráfico de influencias, la obra pública y los presupuestos destinados para la misma se someten al interés del acceso al poder, así y sin importar la escala tanto alcaldes, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores o presidentes hacen uso de la Obra Pública como motor de manipulación  de voluntades democráticas. Este año, 2015, México está ejerciendo un presupuesto neto de $4,676,237 MDP (cuatro billones seiscientos setenta y seis mil doscientos treinta y siete millones de pesos), de los cuales el 22 por ciento, es decir $1,042,840 MDP (un billón cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta millones de pesos) corresponde con el denominado Gasto no Programable el cual se destina al cumplimiento de pendientes de años anteriores, pago de deuda pública, intereses, comisiones, etcétera. Por otro lado, el Gasto Programable con el cual el Gobierno Federal realiza sus funciones a través de programas para proveer bienes y servicios públicos a la población, así como los recursos que se transfieren a las entidades federativas, municipios y delegaciones del Distrito Federal es de $3,633,396 MDP (tres billones seiscientos treinta y tres mil trescientos noventa y seis millones de pesos), de los cuales el 76.9 por ciento, $2,793,742 MDP (dos billones setecientos noventa y tres mil setecientos cuarenta y dos millones de pesos) es el Gasto Corriente, destinado a la entrega de subsidios,  pago de servicios necesarios para la entrega de bienes y servicios a la población y a la contratación de recursos humanos, que incluye también las remuneraciones a los servicios de salud, educación, seguridad pública, pensiones, política social, combate a la pobreza, generación de oportunidades de empleo y desarrollo.

El 23.1 por ciento corresponde con el Gasto de Inversión, asciende en el 2015 a $839,354 MDP (ochocientos treinta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro millones de pesos) y está destinado a la creación de bienes que incrementan el patrimonio público, como la construcción o adquisición de infraestructura o inmuebles, así como los recursos que contribuyan a su preservación.

Con base a las cifras anteriores y en relación a las estimaciones en el costo de la corrupción en México se puede inferir que por lo menos dentro del ámbito de la obra y/o proyectos públicos de infraestructura el costo posible es por demás inquietante. Del 9 por ciento estimado como costo de corrupción dentro de la obra y/o proyectos públicos de infraestructura y con un monto de $839,354 MDP (ochocientos treinta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro millones de pesos) el 9 por ciento corresponde con la abrumadora cifra de $75,541 MDP (setenta y cinco mil quinientos cuarenta y uno millones de pesos).

Con base a las cifras anteriores y en relación a las estimaciones en el costo de la corrupción en México se puede inferir que por lo menos dentro del ámbito de la obra y/o proyectos públicos de infraestructura el costo posible es por demás inquietante. Del 9 por ciento estimado como costo de corrupción dentro de la obra y/o proyectos públicos de infraestructura y con un monto de $839,354 MDP (ochocientos treinta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro millones de pesos) el 9 por ciento corresponde con la abrumadora cifra de $75,541 MDP (setenta y cinco mil quinientos cuarenta y uno millones de pesos). Este monto estimado, revisado desde una perspectiva institucional, no constituye únicamente desfalco, se emplea para el sostenimiento del actual régimen político en el país, permite que un sector extremadamente reducido continúe acumulando riqueza a costa del empobrecimiento de un número mayor de mexicanos. Todas las posibles acciones necesarias para afrontar y vencer el tema de la corrupción institucional en el país, por su dimensión, manifestaciones e impactos, solo es posible hacerlas objetivas y efectivas por medio de un programa y un proyecto de país distinto, desde el cual integrar una renovada y justa visión de sociedad y de economía; de respeto y apego a la democracia y legalidad; de total salvaguarda a los intereses públicos. Leyes o Reformas bajo el régimen actual tanto social, económico y político son y serán accesorias y de simulación.

Fuentes:

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Presupuesto

http://www.tm.org.mx/ipc2014/

http://www.transparency.org/cpi2014/results

http://www.culturadelalegalidad.org.mx/recursos/Contenidos/Estudiosacadmicosyestadsticos/documentos/Factores%20que%20propiciaron%20la%20corrupcion%20en%20Mexico,%20Analisis%20del%20soborno%20a%20nivel%20Estatal..pdf

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-23332013000200007&script=sci_arttext