¿Cultural o político-institucional? El fenómeno de la corrupción en México constituye una problemática multifacética y compleja, esta coexiste en los más diversos estratos o instancias sociales, acude a múltiples causas, a diferenciados y muy nocivos resultados. De la corrupción se tienen variadas lecturas y percepciones, tanto en sus causas como en sus efectos, y justamente por la diversidad de instancias y actores que moviliza, simultáneamente o en alternancia, ha determinado en gran medida la crisis social y política actual en nuestro país. Debe de entenderse que el fenómeno de la corrupción en México no únicamente impacta y modifica la interacción económica o institucional entre diversos grupos sociales, la corrupción entre otras cosas está disminuyendo las capacidades de competitividad productiva, afecta severamente la impartición de justicia, manipula la participación democrática en favor de poderes fácticos, somete decisiones políticas a intereses socialmente no representativos. En lo cotidiano y de manera determinante, la opinión pública identifica como máximo referente de corrupción, ya sea por omisión, por incompetencia o por una abierta complicidad, al Estado Mexicano. Hablar de una cuestión cultural como instancia que justifica la problemática de la corrupción en México no es del todo un juicio incorrecto, pero es plenamente insuficiente. En efecto, la corrupción como problemática social multifactorial se sujeta a diversos mecanismos de convivencia que parten de un plano cultural, porque es evidente que una serie de valores y conductas específicas configuran, dinamizan, determinan y permiten que el fenómeno de la corrupción en nuestro país exista con la naturalidad y densidad que sabemos. Que el gobierno mexicano esquematice la corrupción, que señale que ésta tiene como origen, medio y fin cuestiones culturales, o más aun, que la corrupción en nuestro país es una expresión cultural genuina, es un juicio a todas luces incorrecto, irresponsable y muy grave. En todo caso la problemática de la corrupción, por su dimensión e implicaciones y revisada desde la idea de Estado, no da espacio a eufemismos. La corrupción institucional en México no es un problema cultural, es en primera instancia una problemática del sistema institucional, que tiene que ver con las capacidades de las instituciones, que tiene que ver con los perfiles de los funcionarios y burócratas y que tiene que ver con los intereses a los que están sujetos.
En mayo María Amparo Casar presentó “Anatomía de la Corrupción” un estudio que expone la percepción de la corrupción que se tiene sobre México, el mismo fue realizado con el apoyo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). En el estudio, que puedes consultar aquí, la corrupción es abordada como un problemática de carácter sistémico, la cual se inserta en casi la totalidad del cuerpo político-administrativo en el país. "México muestra un nivel de percepción de la corrupción elevado en prácticamente la totalidad de las instituciones". En el mismo documento María Amparo Casar señala que un estudio de 2013, elaborado por Transparencia Internacional, indica que tras una consulta a 114,000 personas en 107 países, un 91% ve corrupción en los partidos políticos en México, 90% en la policía mexicana, y 87% en los funcionarios públicos. Algo así como 9 de cada 10 personas en el mundo consideran que las instituciones, los partidos políticos o los funcionarios en México son corruptos. Pero esto trata de percepción, situación que sugiere que la realidad de la problemática puede ser, quizá, menor o peor. En este punto resulta importante cuestionar sobre los posibles orígenes de la corrupción. Diversos estudios, ensayos o artículos de opinión realizados sobre la temática de la corrupción en México ofrecen pistas. En muchos de ellos se señala que el crecimiento alarmante y hasta hoy imparable del fenómeno de la corrupción en el país coincide con el desmantelamiento del Estado producido por la implementación del modelo neoliberal. Y no es fortuito, las llamadas reformas estructurales, tanto financieras como políticas y formalizadas con gran festejo en el salinato, constituyen referentes fundamentales del actual fenómeno de la corrupción en México. Así el desmantelamiento del Estado como tesis central del Neoliberalismo, muchas de ellas aun en evolución en el país, han propiciado entre otras cosas una disminución en el número de subsidios y subvenciones dirigidos al sector del campo y la industria en sus diversos tipos, siendo México un país que requiere éstos apoyos para alcanzar un desarrollo medianamente competitivo. Estas reformas se han traducido en un olvido pleno dentro de amplios sectores de la población por parte de las instituciones del Estado, situación que ha propiciado un enorme desplazamiento de mexicanos a Estados Unidos.
Por otro lado, el desmantelamiento del Estado ha estimulado fuertemente la cancelación de plazas de trabajo, tanto en la ciudad como en el campo permitiendo que la llamada economía informal se dispare a números impensables hasta hace unos años. Estas prácticas económicas informales, requieren necesariamente para su funcionamiento el estímulo de la corrupción bajo la modalidad de soborno o el tráfico de influencias. Lo anterior, que es apenas esquemático, en cierta manera pone en evidencia la inoperancia actual de aquellas ideas con las cuales se ha sostenido -y vendido- históricamente el capitalismo. Aquellas ideas sujetas en la libre empresa, en la libre competencia, en el mercado que respeta la legalidad, en la regulación de los mercados conforme a derecho, legalidad, competencia y oferta-demanda. La realidad es distinta en México, el modelo Neoliberal permite a aquellos grupos que han acumulado mayor riqueza hagan uso de la misma para diseñar e implementar mecanismos con los cuales puedan asegurar ganancias permanentes y crecientes, las cuales situadas en espacios fuera del control social. Hoy día las reformas neoliberales implantadas en el país no únicamente han permitido la obtención de ganancias vía el despojo y expropiación de los bienes públicos, también han impactado la cuestión del control y autoridad política ya que los emporios o grupos de poder económico, industrial o empresarial paulatinamente han asumido el control dentro de los más diversos aparatos del Estado y con ello reorganizando lo público en razón a sus intereses, esto ha sido posible entre otras cosas por medio de la movilidad, así la dinámica de obtención y manipulación del poder político favorecedora de los sectores privados han requerido la instalación de funcionarios públicos dentro de sectores estratégicos, mismos funcionarios que han sido formados en ámbitos directivos del sector privado o viceversa. Con lo anterior y teniendo a la corrupción como ámbito institucionalizado, se asegura el acceso a obra y/o proyectos públicos, el manejo de información privilegiada es cotidiano, se encubre la alteración o falsificación de documentos, el tráfico de influencias, cohecho y sobornos son moneda común. Pero quizá lo más nocivo y evidente, todo a costa de la degradación voraz del mercado interno y con las repercusiones que sabemos: Desigualdad en cualquier ámbito, desempleo, pobreza, marginación, migración, violencia.
CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL, COSTOS: El fenómeno de la corrupción en México, como se ha mencionado, es una práctica que se sostiene por las severas fallas en el funcionamiento de las instituciones públicas y esto en razón a gobiernos y funcionarios ineficientes, perjudiciales o con intereses distanciados de lo público, a su vez, esta situación se instala como medio de interacción tanto con el resto de la sociedad como también con los sectores productivos o empresariales. Resulta complicado dimensionar el tamaño y costos de la corrupción en cifras, debido entre otras cosas al alcance y penetración de la corrupción y la complejidad en sus manifestaciones, sin embargo diversos organismos nacionales e internacionales realizan esfuerzos en entender e identificar los estragos de este fenómeno en el país y el mundo. Transparencia Internacional ha estimado que el costo de la corrupción en México equivale al 9 por ciento dentro del rubro de gasto de inversión, este apartado que incluye todas las obras y/o proyectos públicos de infraestructura en el país. Por otro lado en el ámbito empresarial destinan en promedio un 10 por ciento de sus ingresos en tráfico de influencias o sobornos. Igualmente con información de Transparencia Internacional, dentro de su informe de corrupción correspondiente al 2014 señala que México ha descendido, entre 2008 y 2014, del lugar 72 al 103 dentro del Índice de Percepción de la Corrupción. En el informe se evalúan aspectos como: la aplicación de leyes contra la corrupción, acceso a la información y conflictos de interés. Con lo anterior México se ubicó en el lugar 103 de 175 países. El país mejor evaluado y con menores índices de corrupción es Dinamarca. Corea del Norte y Somalia están al final del listado, son los países con la percepción más desfavorable, son según el estudio, los más corruptos. México comparte ubicación en la tabla con Bolivia, Moldavia y Níger. En lo que respecta a América Latina, México obtiene evaluaciones que lo sitúan por debajo de aquellos países de los que es socio o con los que compite en diversos mercados globales. En el Semáforo Económico Nacional 2014, se indica que el PIB nacional sería entre 2 y 3 porciento mayor si los niveles de corrupción actual no fueran tan altos y agresivos, ese cálculo está basado en diversos indicadores ofrecidos por el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, se estima que en lo que respecta a la inversión pública directa, lo que el Estado Mexicano invierte en diversos proyectos o acciones es de entre el 9 y el 15 por ciento. Son muchas las orientaciones y expresiones que asume el tema de la corrupción en México, al ser un fenómeno incrustado dentro del aparato institucional y por su dimensión y naturaleza se ha convertido en un elemento central para el acceso y ejercicio del poder, teniendo a la Obra Pública, sus presupuestos y sus objetivos como esenciales medios. Pero esta situación, aun con su crudeza o dramatismo, no es fortuita, como se ha mencionado antes se corresponde con la naturaleza misma del modelo Neoliberal, conforme a la evolución en su implementación en el país, se ha fortalecido y estimulado tanto legal como institucionalmente a la corrupción como medio para alcanzar y ejercer poder.
Un ejemplo posible de lo anterior es el sistema democrático mexicano. En el país la democracia tiene un costo. Aun cuando el presupuesto público anual del aparato democrático en México y de sus mecánicas de operación o funcionamiento es extremadamente grande, no me refiero a él, me refiero al costo ilegal que tiene el acceso al poder público por medio de la manipulación y la coacción democrática en México. Es decir, para acceder al poder público en México se requieren más que voluntades o carismas, más que programas o proyectos, se requieren recursos para comprar, someter, emplazar, coaccionar o manipular masas de votantes, y esto bajo diversos contextos y perfiles, el más importante, el de la extremadamente grande población empobrecida de México. El aliado indiscutible, la corrupción. Haciendo empleo de una dinámica y práctica constante de tráfico de influencias, la obra pública y los presupuestos destinados para la misma se someten al interés del acceso al poder, así y sin importar la escala tanto alcaldes, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores o presidentes hacen uso de la Obra Pública como motor de manipulación de voluntades democráticas. Este año, 2015, México está ejerciendo un presupuesto neto de $4,676,237 MDP (cuatro billones seiscientos setenta y seis mil doscientos treinta y siete millones de pesos), de los cuales el 22 por ciento, es decir $1,042,840 MDP (un billón cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta millones de pesos) corresponde con el denominado Gasto no Programable el cual se destina al cumplimiento de pendientes de años anteriores, pago de deuda pública, intereses, comisiones, etcétera. Por otro lado, el Gasto Programable con el cual el Gobierno Federal realiza sus funciones a través de programas para proveer bienes y servicios públicos a la población, así como los recursos que se transfieren a las entidades federativas, municipios y delegaciones del Distrito Federal es de $3,633,396 MDP (tres billones seiscientos treinta y tres mil trescientos noventa y seis millones de pesos), de los cuales el 76.9 por ciento, $2,793,742 MDP (dos billones setecientos noventa y tres mil setecientos cuarenta y dos millones de pesos) es el Gasto Corriente, destinado a la entrega de subsidios, pago de servicios necesarios para la entrega de bienes y servicios a la población y a la contratación de recursos humanos, que incluye también las remuneraciones a los servicios de salud, educación, seguridad pública, pensiones, política social, combate a la pobreza, generación de oportunidades de empleo y desarrollo.
El 23.1 por ciento corresponde con el Gasto de Inversión, asciende en el 2015 a $839,354 MDP (ochocientos treinta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro millones de pesos) y está destinado a la creación de bienes que incrementan el patrimonio público, como la construcción o adquisición de infraestructura o inmuebles, así como los recursos que contribuyan a su preservación.
Con base a las cifras anteriores y en relación a las estimaciones en el costo de la corrupción en México se puede inferir que por lo menos dentro del ámbito de la obra y/o proyectos públicos de infraestructura el costo posible es por demás inquietante. Del 9 por ciento estimado como costo de corrupción dentro de la obra y/o proyectos públicos de infraestructura y con un monto de $839,354 MDP (ochocientos treinta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro millones de pesos) el 9 por ciento corresponde con la abrumadora cifra de $75,541 MDP (setenta y cinco mil quinientos cuarenta y uno millones de pesos).
Con base a las cifras anteriores y en relación a las estimaciones en el costo de la corrupción en México se puede inferir que por lo menos dentro del ámbito de la obra y/o proyectos públicos de infraestructura el costo posible es por demás inquietante. Del 9 por ciento estimado como costo de corrupción dentro de la obra y/o proyectos públicos de infraestructura y con un monto de $839,354 MDP (ochocientos treinta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro millones de pesos) el 9 por ciento corresponde con la abrumadora cifra de $75,541 MDP (setenta y cinco mil quinientos cuarenta y uno millones de pesos). Este monto estimado, revisado desde una perspectiva institucional, no constituye únicamente desfalco, se emplea para el sostenimiento del actual régimen político en el país, permite que un sector extremadamente reducido continúe acumulando riqueza a costa del empobrecimiento de un número mayor de mexicanos. Todas las posibles acciones necesarias para afrontar y vencer el tema de la corrupción institucional en el país, por su dimensión, manifestaciones e impactos, solo es posible hacerlas objetivas y efectivas por medio de un programa y un proyecto de país distinto, desde el cual integrar una renovada y justa visión de sociedad y de economía; de respeto y apego a la democracia y legalidad; de total salvaguarda a los intereses públicos. Leyes o Reformas bajo el régimen actual tanto social, económico y político son y serán accesorias y de simulación.
Fuentes:
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Presupuesto
http://www.tm.org.mx/ipc2014/
http://www.transparency.org/cpi2014/results
http://www.culturadelalegalidad.org.mx/recursos/Contenidos/Estudiosacadmicosyestadsticos/documentos/Factores%20que%20propiciaron%20la%20corrupcion%20en%20Mexico,%20Analisis%20del%20soborno%20a%20nivel%20Estatal..pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-23332013000200007&script=sci_arttext
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