lunes, 31 de agosto de 2015

Democratizar la UNAM


“Afianzaremos no sólo la autonomía de nuestros institutos superiores, sino que reforzaremos las causas libertarias de México”

Javier Barros Sierra, Rector de la UNAM. Pronunciamiento realizado en la marcha del 1 de agosto de 1968.

Actualmente en el país las instituciones públicas, mayoritariamente las de gobierno, se encuentran en una espiral de desprestigio y desconfianza. Diversos estudios y encuestas reflejan que un gran sector de la sociedad mexicana no confía en sus instituciones, y en gran medida por las diversas y profundas crisis que aquejan al país y las cuales el Gobierno Federal o ha propiciado por su incompetencia administrativa o ha sido incapaz de resolver por su interés en favorecer a grupos o sectores no representativos con el grueso de la sociedad. Si bien la señalada desestima y desaprobación social es general, pero hay sectores institucionales que focalizan el malestar: Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la de Hacienda, la SEP, los Gobiernos Estatales, el Ejército, la PGR, las referidas a la impartición de justicia. Pero también muy lamentablemente ese desprestigio alcanza a organismos autónomos como el INE o la CNDH.

Dentro de ese contexto son muy pocas las instituciones que gozan de una valoración social positiva. Aun cuando es posible hacer diversos señalamientos sobre la naturaleza constitutiva y funcional, los grandes centros de educación universitaria y pública del país, el IPN, la UAM y muy enfáticamente la UNAM, son justamente depositarios de esa estima dentro de la opinión pública nacional. Y no es fortuito. Es muy probable que aquellos ideales fundacionales, contextualizados en momentos y circunstancias específicas y también, modificados por los diversos procesos históricos de la sociedad mexicana, continúen como una agenda irrenunciable. Se asocia frecuentemente que estas universidades, y desde la especificidad de sus entramados institucionales, deben apoyar y deben incidir en la renovación de la sociedad mexicana por medio de la extensión de mecanismos que, partiendo de la cultura, la ciencias y las humanidades, puedan interactuar y atender con respuestas convenientes las profundas demandas y problemáticas nacionales. Y regresando a aquellos ideales fundacionales, el papel socialmente renovador de las universidades en México no trata de una opción, trata de una urgente e impostergable tarea que hay que resguardar, sostener y continuar.

Nuestra sociedad merece democracia, es la única vía. ¿Cómo es posible o alcanzable? Para muchos de nosotros la mera palabra puede resultar un tema trillado o gastado dentro del contexto nacional, más por el empleo abusivo y fraudulento que hace del mismo término el gobierno y la partidocracia, pero recordemos que la democracia conceptualmente acude a la idea de igualdad, a la idea de una sociedad donde impere el bien común, donde los privilegios a unos cuantos sean técnicamente improcedentes, donde el disfrute de derechos sociales sean justamente para todos. Me queda claro que cuanto más nos familiaricemos en el uso de mecanismos democráticos y cuanto más ejercitemos nuestras capacidades cívicas en relación a imponer siempre el privilegio e interés común, estaremos definitivamente en condiciones más favorables para esperar que esa requerida renovación social nacional, en la que participan indudablemente las universidades desde sus alumnos, sus trabajadores, sus académicos o sus investigadores, sea una realidad. El empleo de la democracia en la UNAM necesariamente debe ser un tema central en lo que respecta a salvaguardar su misma posición de responsabilidad social, cívica y ciudadana. La UNAM debe ser consecuente con la urgencia en fortalecer la idea de democracia en México, ya que la participación ciudadana en la toma de decisiones representa en gran medida el medio viable para cimentar esa renovación social de la que muchos estamos hablando y que muchos estamos exigiendo.

El pasado 27 de agosto un grupo de académicos e investigadores de la UNAM firmaron una carta dirigida a la Junta de Gobierno de la misma Universidad donde exponen porque es urgente y conveniente el empleo de mecanismos democráticos, desde los cuales integrar a la comunidad de la Universidad en la elección del nuevo Rector.

      

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