viernes, 2 de noviembre de 2012

Más ciudadanos, menos arquitectos


El proyecto actual de sociedad dentro de un país como México debe de definirse según las carencias y naturaleza de las instituciones del estado sobre las que supone actuar, o sobre las instituciones que necesita refundar o crear. Las instituciones siendo generadas por mecanismos complejos histórico-sociales específicos comúnmente están asociadas en su creación y determinación a grupos de poder y, las cuales, tienen por objetivo regular el comportamiento de un grupo de individuos, se trata por medio de la creación de instituciones y en términos generales hacer real el proyecto de una sociedad. En México una vez consolidada en la práctica la idea de estado nación después de un proceso histórico convulso en el siglo IXX y con sus posteriores reformas emprendidas en el proceso de la Revolución Mexicana, se instauran una serie de instituciones que brindan soporte y legitimidad a la idea de país, las cuales en su mayoría operan y nos rigen en la actualidad.

Entendiendo que gran parte de nuestras problemáticas como sociedad radican en su entramado institucional no puedo omitir el señalamiento, conocido por todos, que las instituciones en México son fallidas o presentan altos niveles de descrédito, no podemos dejar de mirar hacia cualquiera de ellas sin pensar en su naturaleza deplorable o ineficiente. Las instituciones sociales son un auxiliar valioso para entender muchos comportamientos sociales, políticos, económicos, culturales etc. de determinado país o sociedad por lo tanto la arquitectura desarrollada en México como la de cualquier país buscaría representar por medio de elementos físicos a una institución que rige y se ofrece a un grupo de personas.

El término institución naturalmente no tiene por qué ser un lugar o instancia física, las obras de arquitectura deben acudir a la figura de institución social no para suplantar sus funciones, si para representarlas o esquematizarlas. Todas las personas, o la mayoría vivimos en esquemas institucionales, la arquitectura, en términos generales no es otra cosa que la sistematización de relaciones sociales y actividades dentro de determinado espacio, vehículo objetivo entre dos entidades subjetivas, la institución y la sociedad, pero en nuestro país hemos incurrido en el grave error de tergiversar la idea, valor y función de institución por arquitectura.

“La arquitectura como un medio de transformación social” es uno de los enunciados fundamentales de la propaganda del movimiento moderno en arquitectura y aun cuando este se encuentra muy alejado de la realidad práctica e histórica sorprendentemente hoy día continúan sus ecos en derivaciones discursivas arquitectónicas contemporáneas y difundida hasta la saciedad tanto en centros de enseñanza o formación de arquitectos, como en oficinas o despachos de arquitectura y, siendo respaldada fuertemente por medios de difusión de la cultura arquitectónica. En la actualidad ni las ciencias exactas, el esoterismo o la religión arremeten con tal desproporción y orgullo como el de ciertos supuestos de la arquitectura en lo que respecta la idea de transformar la vida de las sociedades por medio de mecanismos simplistas, a menudo subjetivos.

No necesitamos obras arquitectónicas que transformen las ciudades, habrá que aceptarlo, esa opción a nivel técnico, social, económico y político no es posible, cuando ese criterio ha sido implementado los resultados son pasmosos. No requerimos arquitectos que asuman responsabilidades que no son de su competencia, esto únicamente es viable y con resultados inapropiados por la vía de políticas públicas irresponsables y corruptas, por perspectivas empresariales y de mercado voraces así como por la manipulación y manutención sistemática de la ignorancia. La ciudad, sus espacios, elementos construidos y aquellas relaciones sociales que le dan soporte no son competencia únicamente de arquitectos, urbanistas, políticos o empresas, se trata de un proceso social de poblamiento urbano en extremo complejo, un fenómeno genuinamente supeditado a aquellas instituciones que deben darle soporte. Si no las hay o no operan tarea aparte es incidir, por medio del ejercicio ciudadano de participación y exigencia. Por lo tanto, nuestra tarea como arquitectos dentro del particular contexto social mexicano no debe ser otra que la de fomentar una formación cívica. Necesitamos ciudadanos que sepan decidir sobre los proyectos que sus ciudades necesitan. Mientras mayor sea la formación ciudadana en el sentido cívico, ético y democrático mayores condiciones se tendrán para vivir mejor nuestras ciudades, para alcanzar mayores y mejores niveles de relación social, para su construcción e imbricación física y social, para contar con obras arquitectónicas de calidad y que estas respondan a específicos planteamientos, problemas, retos o necesidades.

Nuestro problema de instituciones fallidas de democracia, de civilidad, de calidad de vida, de cultura, de educación, de economía, de participación ciudadana, de relaciones sociales, incluida la violencia, no serán resueltos nunca por medio de relucientes, fulgurantes y mediatizadas obras de arquitectura. Muchos de los proyectos de arquitectura realizados en nuestro país bajo el amparo, patrocinio y solicitud de la instancia pública, dirigidos a incentivar a sus instituciones están destinados a una suerte común, la del fracaso, esto por desatender los componentes sustanciales que le deberían dar sentido y significado. Si las instituciones, cualquiera, dentro de nuestro país no operan o presentan severas inconsistencias en sus alcances y fines irremediablemente no existirán condiciones para esperar que aquellos vehículos físicos o construidos -arquitectura- puedan hacerlo, o más aún suplir desde la arquitectura las funciones de las instituciones y además realizarlas eficientemente. Y es en ello donde radica la imposibilidad real o total de cualquier intento por transformar la ciudad desde la idea abstracta de “buena arquitectura o buenos diseños”.

Es decir, no pueden existir instituciones y sus soportes físicos-construidos en el país si no existen los ciudadanos que le den soporte real a su funcionamiento, que participen decidiendo, no pueden operar en el sentido esencial obras de arquitectura sin el consentimiento de aquellos a quienes representa y ofrece dentro de un esquema de sociedad. Lo demás acudirá simplemente al plano de excepciones.

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