“Toda persona en el mundo tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
Lo anterior como parte de La Declaración Universal de Derechos Humanos, promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconocida por la mayoría de los países integrantes e igualmente suscrita por otras naciones a través de tratados internacionales.
Por lo tanto, el derecho a la vivienda es un derecho universal. Está reconocido a nivel internacional, es un derecho reconocido para todas las personas. A pesar de este derecho, la población palestina sistemáticamente es objeto de vejaciones por parte de las políticas de Israel, violando el derecho a la vivienda de los palestinos. La reciente privatización, desregulación y comercialización de bienes públicos israelíes dieron como resultado políticas urbanas que hacen cada vez más difícil a los palestinos de bajos ingresos el acceso a una vivienda. Las autoridades israelíes tienen un historial impresionante de proveer vivienda adecuada a olas de inmigrantes y refugiados judíos, sin embargo esas políticas menosprecian a las necesidades de la población palestina que están socialmente en desventaja, en un acoso y asedio constante por parte del ejercito judío. El número de permisos de edificación concedidos es desproporcionadamente menor respecto a las necesidades reales de alojamiento, lo que obliga a muchos palestinos a construir sin obtener la autorización. Como consecuencia, una cantidad considerable de viviendas palestinas son consideradas ilegales y sus residentes son amenazados con el desalojo y posterior demolición de sus hogares.
A principios de año, en enero, una Comisión Humanitaria Internacional de Naciones Unidas enviada a los territorios Palestinos para valorar las condiciones sociales en las que se encuentra el país árabe solicitó a Israel detener la demolición de viviendas por considerar esto una violación la integridad social de los palestinos y por ser ésta una agresión que estimula el odio y resentimiento hacia los judíos. El informe realizado por la Comisión, encabezada y presentada por el alto comisionado de la ONU para asuntos sociales Maxwell Gaylard indica:
"Israel, como potencia ocupante, tiene la responsabilidad fundamental de proteger a la población civil palestina bajo su control y garantizar su dignidad y su bienestar (...) La destrucción de sus viviendas y medios de subsistencia no es consistente con esa responsabilidad ni con los ideales humanitarios".
"La actual política y práctica de demoliciones causa un sufrimiento humano extenso y debe llegar a su fin. Los palestinos requieren urgentemente el acceso a una sistema de planificación justo y no discriminatorio que satisfaga sus necesidades de crecimiento y desarrollo".
Hace poco más de un año, en una mesa redonda organizada dentro de la Facultad de Arquitectura la Embajadora de la Autoridad Palestina en México, Randa Al Nabulsi, los Arquitectos Enrique Ortíz, presidente de HIC-América Latina, José Salceda y Bahram Ghadimi profesores de la Facultad, presentaron información sobre la situación actual así como algunos antecedentes históricos de los asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados, tratando de dimensionar el impacto de los asentamientos sobre el espacio habitacional y público dentro del pueblo palestino, igualmente de la problemática de vivienda de la población palestina dentro del territorio del Estado de Israel.
Tanto la mesa redonda como la presente entrada fueron realizadas no por causa de abstracta y distante solidaridad, mi formación profesional de arquitecto, pero ante todo mi condición de ciudadano hace implícita la responsabilidad de asumir el reconocimiento y la defensa del derecho humano universal de acceso a la vivienda, y por extensión el derecho a tener un lugar propio, digno y seguro donde podamos asentar esas viviendas. El caso que hoy nos motiva es palestina y su derecho legitimo a la vivienda, pero la agenda en ese sentido es considerable, vasta y cercana. En nuestro país es necesario igualmente exigir la aplicación y goce del derecho de acceso a la vivienda digna y, los arquitectos, deben ser uno de los promotores más interesados en esa exigencia.
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