Azerbaiyán - Israel / Chapultepec - Alameda

Podemos afirmar que entre ambos casos hay distinciones, aun cuando se aboquen en principio al mismo objetivo, la de participar con recursos privados en el financiamiento de los trabajos de renovación de espacios públicos. En lo inmediato o tangible sabemos que no ha sido colocada la efigie de Ariel Sharon en la Alameda, así mismo conocemos el gusto del actual gobierno de Azerbaiyán en diseminar esculturas de Heydar Aliyev por doquier. Pero en esencia, se trata de casos distintos? El gobierno que encabezó Heydar Aliyev y bajo acusaciones de totalitarismo y sometimiento contra la población de Azerbaiyán fueron los fundamentales motivos para iniciar desde portales y redes sociales la discusión y reclamo al GDF por su “insensibilidad” en aceptar la colocación de la estatua de Aliyev. Por otro lado el caso del Estado de Israel, como potencia ocupante dentro del conflicto bélico en medio oriente, tiene la responsabilidad fundamental de proteger a la población civil palestina bajo su control y garantizar su dignidad y su bienestar. La constante invasión del ejercito judio a territorios palestinos y la destrucción de sus viviendas y medios de subsistencia no es consistente con esa responsabilidad ni con los ideales humanitarios internacionales.

Y, en realidad, no existen motivos para crear una comisión especial Israel-Alameda, similar a la creada para analizar el caso Azerbaiyán-Chapultepec? ¿Por qué la remodelación de la Alameda Central y el mecanismo de de financiamiento empleado no ha resonado en los medios? ¿Por qué, de la participación económica por parte del Estado de Israel en la remodelación de la Alameda Central pocos se han pronunciado? ¿Hay línea editorial, conflicto de intereses? No me interesa ahora ni descalificar ni alentar aquellos esquemas empleados por el GDF y la SEDUVI con los cuales ha afrontado la “regeneración” de específicos espacios públicos ubicados en sectores turísticos de la Ciudad de México, Pero es prudente destacar -o confirmar- la manipulación en el manejo de información y la generación de contenidos y opiniones de manera unilateral e insensata, la cual ya ha alcanzado la escala de contenidos generados y manejados desde internet.

Palestina: la resistencia legitima por una vivienda y por un lugar propio donde asentarla

“Toda persona en el mundo tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

Lo anterior como parte de La Declaración Universal de Derechos Humanos, promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconocida por la mayoría de los países integrantes e igualmente suscrita por otras naciones a través de tratados internacionales.

Por lo tanto, el derecho a la vivienda es un derecho universal. Está reconocido a nivel internacional, es un derecho reconocido para todas las personas. A pesar de este derecho, la población palestina sistemáticamente es objeto de vejaciones por parte de las políticas de Israel, violando el derecho a la vivienda de los palestinos. La reciente privatización, desregulación y comercialización de bienes públicos israelíes dieron como resultado políticas urbanas que hacen cada vez más difícil a los palestinos de bajos ingresos el acceso a una vivienda. Las autoridades israelíes tienen un historial impresionante de proveer vivienda adecuada a olas de inmigrantes y refugiados judíos, sin embargo esas políticas menosprecian a las necesidades de la población palestina que están socialmente en desventaja, en un acoso y asedio constante por parte del ejercito judío. El número de permisos de edificación concedidos es desproporcionadamente menor respecto a las necesidades reales de alojamiento, lo que obliga a muchos palestinos a construir sin obtener la autorización. Como consecuencia, una cantidad considerable de viviendas palestinas son consideradas ilegales y sus residentes son amenazados con el desalojo y posterior demolición de sus hogares.

A principios de año, en enero, una Comisión Humanitaria Internacional de Naciones Unidas enviada a los territorios Palestinos para valorar las condiciones sociales en las que se encuentra el país árabe solicitó a Israel detener la demolición de viviendas por considerar esto una violación la integridad social de los palestinos y por ser ésta una agresión que estimula el odio y resentimiento hacia los judíos. El informe realizado por la Comisión, encabezada y presentada por el alto comisionado de la ONU para asuntos sociales Maxwell Gaylard indica:

"Israel, como potencia ocupante, tiene la responsabilidad fundamental de proteger a la población civil palestina bajo su control y garantizar su dignidad y su bienestar (...) La destrucción de sus viviendas y medios de subsistencia no es consistente con esa responsabilidad ni con los ideales humanitarios".

"La actual política y práctica de demoliciones causa un sufrimiento humano extenso y debe llegar a su fin. Los palestinos requieren urgentemente el acceso a una sistema de planificación justo y no discriminatorio que satisfaga sus necesidades de crecimiento y desarrollo".

Hace poco más de un año, en una mesa redonda organizada dentro de la Facultad de Arquitectura la Embajadora de la Autoridad Palestina en México, Randa Al Nabulsi, los Arquitectos Enrique Ortíz, presidente de HIC-América Latina, José Salceda y Bahram Ghadimi profesores de la Facultad, presentaron información sobre la situación actual así como algunos antecedentes históricos de los asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados, tratando de dimensionar el impacto de los asentamientos sobre el espacio habitacional y público dentro del pueblo palestino, igualmente de la problemática de vivienda de la población palestina dentro del territorio del Estado de Israel.

Tanto la mesa redonda como la presente entrada fueron realizadas no por causa de abstracta y distante solidaridad, mi formación profesional de arquitecto, pero ante todo mi condición de ciudadano hace implícita la responsabilidad de asumir el reconocimiento y la defensa del derecho humano universal de acceso a la vivienda, y por extensión el derecho a tener un lugar propio, digno y seguro donde podamos asentar esas viviendas. El caso que hoy nos motiva es palestina y su derecho legitimo a la vivienda, pero la agenda en ese sentido es considerable, vasta y cercana. En nuestro país es necesario igualmente exigir la aplicación y goce del derecho de acceso a la vivienda digna y, los arquitectos, deben ser uno de los promotores más interesados en esa exigencia.

“Cineteca Nacional del Siglo XXI”

Días atrás se anuncio por diversos medios la fecha de inauguración de los trabajos de remodelación de la Cineteca Nacional, fecha fijada al día de hoy 8 de noviembre. Sabemos, porque las mismas autoridades de CONACULTA lo han manifestado, que el evento de inauguración de esta tarde es un simulacro, ya que el verdadero será para fines de noviembre, el 28.

Hace poco más de un año, en julio del 2011, la directora del CONACULTA Consuelo Sáizar en rueda de prensa mostró el proyecto “Cineteca Nacional del Siglo XXI” el cual colocaría al recinto, según Sáizar, como “el espacio cinematográfico más vanguardista y completo de Iberoamérica”. La presentación pública del proyecto de remodelación generó críticas en ciertos sectores por los mecanismos poco sensibles, poco democráticos y poco objetivos empleados por la titular del CONACULTA, referidos fundamentalmente a la asignación directa en el desarrollo arquitectónico del proyecto, el cual fue encargado a Michel Rojkind, así como el costo total del mismo, cercano a los 400 millones de pesos (en junio del 2011), generando extrañeza en el IMCINE, organismo dependiente del CONACULTA el cual fue objeto a una reducción de su presupuesto anual en el 2011, pasando de 372 millones asignados en el 2010 a 313 millones en el 2011. Víctor Ugalde, titular de la Sociedad Mexicana de Directores de Obras Audiovisuales declaró en meses pasados que el presupuesto al cine mexicano es insuficiente y necesita ser ampliado con urgencia, que la industria no puede funcionar con los 313 millones de pesos destinados el año pasado al IMCINE. "No continuemos con una política fiscal equivocada con la educación, la ciencia, el arte y la cinematografía nacional. México debe tener un futuro más grande", expresó Ugalde.

Por otro lado, el proyecto de remodelación incluye cuatro nuevas salas, aparte de las seis existentes, área de usos múltiples, laboratorio de restauración digital, oficinas, áreas verdes y ampliación de su estacionamiento entre otros trabajos. La “remodelación” de la Cineteca Nacional ha costado, en los nueve meses de trabajos (febrero-noviembre) la sorprendente cantidad de 540 millones de pesos, el doble del presupuesto anual del IMCINE en 2011, y 150 millones de pesos extras al costo total original de la remodelación anunciado hace apenas un año, es decir, un presupuesto mensual de 60 millones, un precio elevado para una remodelación (recordemos que la Estela Bicentenario costó poco más de 1,100 millones de pesos y que la Biblioteca Vasconcelos cerca de 950 millones de pesos). No me interesa ahora abundar en la naturaleza arquitectónica del proyecto de remodelación de la Cineteca Nacional, en saber si este asume con fortuna o no los requerimientos técnicos que detonaron la necesidad en su intervención, aún sabiendo que esa consideración será la dominante dentro de la discusión que se pueda dar sobre el proyecto en próximas fechas. Mi apatía por valorar las cualidades arquitectónicas no es motivada por advertir poco importante el proyecto, pero mi argumentación, considero, no carece de objetividad, esto por entender que el proyecto de remodelación a nivel formal y funcional representa algo secundario en relación a aquello de lo que es resultante, algo más grande y que nos trasciende: una práctica de la arquitectura mercenaria, oportunista y onerosa, un ejercicio de poder y recursos públicos discordante, en abierto desinterés por la crisis democrática, de representatividad política, de falta de transparencia en la administración y cuidado de recursos públicos, de irresponsabilidad con aquellas instituciones que debería salvaguardar y asegurar su funcionamiento, IMCINE por ejemplo.

Nuestra condición actual de sociedad exige una práctica de la arquitectura al nivel de las trasformaciones que necesitamos emprender, con miras a aquel horizonte ideal de sociedad que muchos buscamos. Necesitamos exigir la validez del esquema de sociedad democrática representativa por medio de su aplicación plena, por un ejercicio profesional de la arquitectura determinado por mecanismos transparentes, representativos y objetivamente funcionales, con una visión de futuro lógico y eficiente. Requerimos el desarrollo de mecanismos democráticos, incluyentes y objetivos que inviten a los ciudadanos a una instancia más en la cual puedan participar ejerciendo su condición de ciudadanía, que apoyados en ellos sea posible determinar y asignar aquellos proyectos que nuestras instituciones sociales requieren y poder contar así con los primeros indicios de una ruta de sociedad -y ciudades- más incluyentes, democráticas y satisfactorias. Las paradojas son muchas y, de las cuales, la arquitectura por su naturaleza las hace siempre evidentes.

¿Para qué construir monumentos cuando nada tenemos que festejar? ¿Para qué construir bibliotecas si somos un país que no educa? ¿Para qué rediseñar cines cuando su industria fílmica opera bajo los mínimos? La inversión que un país en crisis como el nuestro debe de realizar es en aquellos aspectos que, desde una visión responsable y comprometida pueda asegurar el buen funcionamiento de sus instituciones y asegurar la educación y formación de su sociedad.

Numeralia, Cineteca Nacional del Siglo XXI: Proyecto ejecutado en 9 meses aproximadamente y con un costo de 540 millones de pesos. Se incrementaron a los 24,430 m2 originales 4,467 m2, dando un total de área remodelada y construida de 28 mil 897 m2, de los cuales 7,110 m2 están destinados a áreas verdes y foros de usos múltiples al aire libre con un aforo de 700 espectadores. Ese espacio se obtuvo del anterior estacionamiento que ocupaba 42.47% de las instalaciones de la Cineteca. Es decir, el estacionamiento del proyecto de remodelación cuenta con seis niveles, con una capacidad de 528 automóviles, 25% más que hace un año. Las seis salas sumarán una capacidad de oferta de 2 mil 50 butacas, que en conjunto con las cuatro nuevas harán un total de 3 mil 50. La superficie de las bóvedas fue incrementada de mil 588 a 2 mil 288 m2 para el resguardo de 50 mil películas. La galería y el laboratorio de restauración digital tendrán una superficie de 525 metros cuadrados y el espacio de oficinas se renovará y se reducirá de mil 916 a mil 862 metros cuadrados. Asimismo, los locales comerciales aumentarán de cinco a once.

Más ciudadanos, menos arquitectos

El proyecto actual de sociedad dentro de un país como México debe de definirse según las carencias y naturaleza de las instituciones del estado sobre las que supone actuar, o sobre las instituciones que necesita refundar o crear. Las instituciones siendo generadas por mecanismos complejos histórico-sociales específicos comúnmente están asociadas en su creación y determinación a grupos de poder y, las cuales, tienen por objetivo regular el comportamiento de un grupo de individuos, se trata por medio de la creación de instituciones y en términos generales hacer real el proyecto de una sociedad. En México una vez consolidada en la práctica la idea de estado nación después de un proceso histórico convulso en el siglo IXX y con sus posteriores reformas emprendidas en el proceso de la Revolución Mexicana, se instauran una serie de instituciones que brindan soporte y legitimidad a la idea de país, las cuales en su mayoría operan y nos rigen en la actualidad.

Entendiendo que gran parte de nuestras problemáticas como sociedad radican en su entramado institucional no puedo omitir el señalamiento, conocido por todos, que las instituciones en México son fallidas o presentan altos niveles de descrédito, no podemos dejar de mirar hacia cualquiera de ellas sin pensar en su naturaleza deplorable o ineficiente. Las instituciones sociales son un auxiliar valioso para entender muchos comportamientos sociales, políticos, económicos, culturales etc. de determinado país o sociedad por lo tanto la arquitectura desarrollada en México como la de cualquier país buscaría representar por medio de elementos físicos a una institución que rige y se ofrece a un grupo de personas.

El término institución naturalmente no tiene por qué ser un lugar o instancia física, las obras de arquitectura deben acudir a la figura de institución social no para suplantar sus funciones, si para representarlas o esquematizarlas. Todas las personas, o la mayoría vivimos en esquemas institucionales, la arquitectura, en términos generales no es otra cosa que la sistematización de relaciones sociales y actividades dentro de determinado espacio, vehículo objetivo entre dos entidades subjetivas, la institución y la sociedad, pero en nuestro país hemos incurrido en el grave error de tergiversar la idea, valor y función de institución por arquitectura.

“La arquitectura como un medio de transformación social” es uno de los enunciados fundamentales de la propaganda del movimiento moderno en arquitectura y aun cuando este se encuentra muy alejado de la realidad práctica e histórica sorprendentemente hoy día continúan sus ecos en derivaciones discursivas arquitectónicas contemporáneas y difundida hasta la saciedad tanto en centros de enseñanza o formación de arquitectos, como en oficinas o despachos de arquitectura y, siendo respaldada fuertemente por medios de difusión de la cultura arquitectónica. En la actualidad ni las ciencias exactas, el esoterismo o la religión arremeten con tal desproporción y orgullo como el de ciertos supuestos de la arquitectura en lo que respecta la idea de transformar la vida de las sociedades por medio de mecanismos simplistas, a menudo subjetivos.

No necesitamos obras arquitectónicas que transformen las ciudades, habrá que aceptarlo, esa opción a nivel técnico, social, económico y político no es posible, cuando ese criterio ha sido implementado los resultados son pasmosos. No requerimos arquitectos que asuman responsabilidades que no son de su competencia, esto únicamente es viable y con resultados inapropiados por la vía de políticas públicas irresponsables y corruptas, por perspectivas empresariales y de mercado voraces así como por la manipulación y manutención sistemática de la ignorancia. La ciudad, sus espacios, elementos construidos y aquellas relaciones sociales que le dan soporte no son competencia únicamente de arquitectos, urbanistas, políticos o empresas, se trata de un proceso social de poblamiento urbano en extremo complejo, un fenómeno genuinamente supeditado a aquellas instituciones que deben darle soporte. Si no las hay o no operan tarea aparte es incidir, por medio del ejercicio ciudadano de participación y exigencia. Por lo tanto, nuestra tarea como arquitectos dentro del particular contexto social mexicano no debe ser otra que la de fomentar una formación cívica. Necesitamos ciudadanos que sepan decidir sobre los proyectos que sus ciudades necesitan. Mientras mayor sea la formación ciudadana en el sentido cívico, ético y democrático mayores condiciones se tendrán para vivir mejor nuestras ciudades, para alcanzar mayores y mejores niveles de relación social, para su construcción e imbricación física y social, para contar con obras arquitectónicas de calidad y que estas respondan a específicos planteamientos, problemas, retos o necesidades.

Nuestro problema de instituciones fallidas de democracia, de civilidad, de calidad de vida, de cultura, de educación, de economía, de participación ciudadana, de relaciones sociales, incluida la violencia, no serán resueltos nunca por medio de relucientes, fulgurantes y mediatizadas obras de arquitectura. Muchos de los proyectos de arquitectura realizados en nuestro país bajo el amparo, patrocinio y solicitud de la instancia pública, dirigidos a incentivar a sus instituciones están destinados a una suerte común, la del fracaso, esto por desatender los componentes sustanciales que le deberían dar sentido y significado. Si las instituciones, cualquiera, dentro de nuestro país no operan o presentan severas inconsistencias en sus alcances y fines irremediablemente no existirán condiciones para esperar que aquellos vehículos físicos o construidos -arquitectura- puedan hacerlo, o más aún suplir desde la arquitectura las funciones de las instituciones y además realizarlas eficientemente. Y es en ello donde radica la imposibilidad real o total de cualquier intento por transformar la ciudad desde la idea abstracta de “buena arquitectura o buenos diseños”.

Es decir, no pueden existir instituciones y sus soportes físicos-construidos en el país si no existen los ciudadanos que le den soporte real a su funcionamiento, que participen decidiendo, no pueden operar en el sentido esencial obras de arquitectura sin el consentimiento de aquellos a quienes representa y ofrece dentro de un esquema de sociedad. Lo demás acudirá simplemente al plano de excepciones.