“Las escuelas deben estar en el centro del sistema educativo nacional. La educación requiere que los salones de clases se encuentren en condiciones dignas. Próximamente anunciaremos bonos de infraestructura educativa en la BMV para ampliar los alcances de la reforma educativa. Será un innovador instrumento de ingeniería financiera para multiplicar los recursos para las entidades que se sumen a este programa”.
El contexto del anuncio es, indudablemente, la condición actual de las escuelas en México y el reto administrativo que sugiere la Reforma Educativa en esa materia. En el sitio web del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE) se presenta el documento "Principales Cifras, Ciclo Escolar 2014-2015" el cual indica la existencia y operación de poco más 228,000 planteles educativos públicos en todos los niveles en el país. Pero ¿qué condiciones guardan esas escuelas? El estado físico de las escuelas en México es sin lugar a dudas, vergonzoso: De las 228 mil 269 escuelas que albergarán a más de 25 millones de alumnos en el actual ciclo escolar, el Censo reveló que el 27.72% de esos planteles, es decir 57 mil 567, no cuentan con acceso a la red de agua potable, 23 mil 283 no cuentan con servicios sanitarios, 20 mil 111 sin servicio de energía eléctrica, 2 mil 241 escuelas están hechas con materiales precarios, 14 mil 444 no cuentan con pizarrones, 81 mil 718 están sin drenaje, 45 mil 837 operan sin áreas deportivas o recreativas, 125 mil 552 sin teléfonos, 123 mil 511 sin conexión a Internet, 96 mil 310 sin rampas para personas con discapacidad.
¿Pero qué son los anunciados bonos de infraestructura educativa? A reserva de lo que presente y pormenorice el Secretario de Educación en próximas fechas, tanto en relación a los bonos y su naturaleza como mecanismo bursátil que es, así como los objetivos, metas y condiciones del programa, podemos adelantar que los bonos, como tal, son instrumentos de deuda que emiten los gobiernos. El objetivo para emitir bonos es obtener liquidez, dinero y para ello se comprometen a pagar a los inversionistas la totalidad del capital invertido más intereses, a una tasa y tiempo estipulado desde el inicio. En resumen, el Gobierno Federal adquirirá deuda por medio de un mecanismo bursátil llamado "Bono de Infraestructura Educativa". La liquidez o dinero obtenido será empleado vía partidas desde el programa "Escuelas al CIEN" en cada uno de los estados del país. De tal forma, se dice, se podrán atender a más de 33 mil planteles educativos en toda la geografía nacional que con urgencia necesitan acciones de mejora en sus servicios básicos e infraestructura. Para esto último es esperable un padrón de escuelas que serán atendidas, el encargado en ofrecer esta información deberá ser el INIFED.
Con lo anterior, las dudas que surgen son profundas y de peso y están, en primer término, en la naturaleza de las escuelas que serán atendidas. En principio las escuelas beneficiadas son aquellas que presentan los mayores niveles de rezago y falta de pertinencia en sus condiciones de servicios e infraestructura. Es tarea del INIFED realizar anualmente diagnósticos sobre el estado actual de la infraestructura educativa nacional y de éstos diagnósticos se desprenderá el padrón final de escuelas en las que se invertirá el dinero gestionado vía bonos. Un segundo aspecto que plantea severas interrogantes, es el relativo a los controles a implementar para verificar la eficiencia y veracidad en la aplicación de recursos y en el impacto positivo que debería esperarse. Si el hecho de auditar a 33 mil planteles, bajo las actuales e institucionalizadas formalidades en México, suena a algo complicado, resultará prácticamente imposible para organizaciones no gubernamentales y sociedad en general, tener la certeza de que en 33 mil planteles fueron aplicados recursos eficientemente. Lo que queda es estar muy atentos en la presentación formal del programa y, en medida de lo posible, organizarse y vincularse con todas aquellas instancias y organizaciones que darán seguimiento al mismo.
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