El "especialista" sobre la ciudad

Lo he referido en anteriores entradas, que hablar del derecho a la ciudad sugiere el poder disfrutar de una interacción social consensuada y tolerada, y esto dentro de una extensión delimitada territorialmente, políticamente. Es decir, el llamado derecho a la ciudad trata entre otras cosas, de la legitimidad y la necesidad de todos los habitantes de una ciudad a poder incidir en la creación, mantenimiento o transformación de la misma ciudad o centros urbanos, intentando dar respuestas a las necesidades más comunes o representativas. Lo anterior evidentemente parte, insisto, desde el ideario de una sociedad democrática y que tiene a la igualdad como sustento. Partiendo de estas ideas abstractas y regresando al derecho a la ciudad, solo podríamos conjeturar que todos los habitantes de las ciudades y centros urbanos deben disfrutar en igualdad de circunstancias los derechos para definir las ciudades que requieren o necesitan. Actualmente en el país el régimen democrático ofrece las fallas suficientes como para declararlo disfuncional o en crisis. Por otro lado, somos uno de los países más desiguales en el mundo. Sólo cuando los derechos se ejercen y respetan es posible hablar de un funcionamiento armónico o conveniente de una sociedad.

Como medida cautelar, y sí de fondo como medida ética pero por sobre todo, como medida democrática y cívia, algunos de los arquitectos y urbanistas que critican y señalan con muy sobrados fundamentos y motivos la desastrosa e inconveniente iniciativa del #CCChapultepec deberían comprometerse y negar participación en futuras o posibles adjudicaciones directas de obra o proyectos públicos por que eso constituye una violación al derecho de participar y decidir igualitariamente sobre la ciudad que queremos; esos mismos arquitectos y urbanistas deberían desistir en participar dentro de los tan comunes concursos públicos donde los jurados o son conocidos, son amigos, son socios o ex-socios; además deberían declarar su negativa a participar dentro de aquellos proyectos, públicos o privados, que atentan contra el derecho a la ciudad, que alteran o modifican aquellos esquemas democráticos, plurales, incluyentes y de justicia, agendas tan urgentes en defender y que necesitamos ejercitar y ejercitar. Por la vía de la práctica se ejercen los derechos. Para este caso, los que tienen que ver con la ciudad y con la ciudadanía no es posible asumirlos por decreto, por lo menos no en nuestro país. Es necesario entender que únicamente por la vía del ejercicio de derechos y paulatinamente para una sociedad con tanta inequidad y desigualdad, es como podría alcanzarse una sociedad que verdaderamente pueda incidir de manera conveniente en la toma de decisiones sobre proyectos y obras con impacto en la esfera pública. El especialista sobre la ciudad no debe ser un profesionista, es una responsabilidad cívica, que insisto, hay que ejercitar y ejercitar.

Es momento oportuno, quizá exigible, que las voces críticas sobre el #CCChapultepec se alejen de las sospechas. Que la crítica sobre proyectos e iniciativas que tienen como base el ámbito, el dominio y el interés público y que determinan formas de interacción entre habitantes, no sea entendida, esta misma crítica, como medio para alcanzar intereses o para obtener posiciones de privilegio, herramienta tan común dentro del medio político mexicano. La crítica no solo es conveniente en coyunturas o particularidades, es necesario que la crítica apuntale o justifique, en algún sentido, la posición ética de profesionistas y tenga eco en la conformación de un programa de defensa de la ciudad, de la sociedad y de sus derechos.

¿De qué se habla cuando la agenda es la defensa del derecho a la ciudad?