Lunes, 21 de septiembre de 2015. Imagen © Clara Nubiola. He mencionado en entradas anteriores que hablar del derecho a la ciudad implica poder disfrutar de una interacción social consensuada y tolerada dentro de un territorio delimitado política y geográficamente. Es decir, el derecho a la ciudad se refiere, entre otras cosas, a la legitimidad y necesidad de que todos los habitantes de una ciudad puedan incidir en su creación, mantenimiento o transformación, buscando responder a las necesidades más comunes y representativas de la población.
Este planteamiento parte, insisto, del ideario de una sociedad democrática que tiene a la igualdad como fundamento. Desde estas premisas y volviendo al concepto del derecho a la ciudad, podríamos afirmar que todos los habitantes de las urbes deben disfrutar en igualdad de circunstancias los derechos para definir las ciudades que requieren. Sin embargo, actualmente en el país el régimen democrático presenta fallas suficientes como para considerarlo disfuncional o en crisis. Además, somos uno de los países más desiguales del mundo. Solo cuando los derechos se ejercen y respetan es posible hablar de un funcionamiento armónico de la sociedad.
Como medida cautelar, pero sobre todo como medida ética, democrática y cívica, algunos arquitectos y urbanistas que critican con fundamentos sólidos la desastrosa iniciativa del #CCChapultepec deberían comprometerse a rechazar participación en futuras adjudicaciones directas de obra o proyectos públicos, pues esto constituye una violación al derecho de participar y decidir igualitariamente sobre la ciudad que queremos.
Esos mismos profesionistas deberían abstenerse de participar en los tan comunes concursos públicos donde los jurados son conocidos, amigos, socios o ex-socios. Además, deberían declarar su negativa a involucrarse en aquellos proyectos, públicos o privados, que atentan contra el derecho a la ciudad y que alteran los esquemas democráticos, plurales, incluyentes y de justicia, agendas tan urgentes de defender y que necesitamos ejercer constantemente. Los derechos se ejercen mediante la práctica.
En este caso, los derechos relacionados con la ciudad y la ciudadanía no pueden asumirse por decreto, al menos no en nuestro país. Es necesario entender que solo mediante el ejercicio constante de derechos, y de manera paulatina en una sociedad con tanta inequidad, podrá alcanzarse una sociedad capaz de incidir efectivamente en la toma de decisiones sobre proyectos y obras que impactan la esfera pública. El conocimiento especializado sobre la ciudad no debe ser monopolio de profesionistas; es una responsabilidad cívica que, insisto, hay que ejercer y ejercer.
Es momento oportuno, quizá exigible, de que las voces críticas sobre el #CCChapultepec se alejen de las sospechas. La crítica sobre proyectos e iniciativas relacionadas con el ámbito, dominio e interés público, y que determinan formas de interacción entre habitantes, no debe entenderse como un medio para alcanzar intereses personales u obtener posiciones de privilegio, herramienta tan común en el medio político mexicano.
La crítica no solo es pertinente en coyunturas particulares; es necesario que sustente la posición ética de los profesionistas y tenga eco en la construcción de un programa de defensa de la ciudad, la sociedad y sus derechos.
¿De qué hablamos cuando la agenda es la defensa del derecho a la ciudad?
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