El "especialista" sobre la ciudad

Lo he referido en anteriores entradas, que hablar del derecho a la ciudad sugiere el poder disfrutar de una interacción social consensuada y tolerada, y esto dentro de una extensión delimitada territorialmente, políticamente. Es decir, el llamado derecho a la ciudad trata entre otras cosas, de la legitimidad y la necesidad de todos los habitantes de una ciudad a poder incidir en la creación, mantenimiento o transformación de la misma ciudad o centros urbanos, intentando dar respuestas a las necesidades más comunes o representativas. Lo anterior evidentemente parte, insisto, desde el ideario de una sociedad democrática y que tiene a la igualdad como sustento. Partiendo de estas ideas abstractas y regresando al derecho a la ciudad, solo podríamos conjeturar que todos los habitantes de las ciudades y centros urbanos deben disfrutar en igualdad de circunstancias los derechos para definir las ciudades que requieren o necesitan. Actualmente en el país el régimen democrático ofrece las fallas suficientes como para declararlo disfuncional o en crisis. Por otro lado, somos uno de los países más desiguales en el mundo. Sólo cuando los derechos se ejercen y respetan es posible hablar de un funcionamiento armónico o conveniente de una sociedad.

Como medida cautelar, y sí de fondo como medida ética pero por sobre todo, como medida democrática y cívia, algunos de los arquitectos y urbanistas que critican y señalan con muy sobrados fundamentos y motivos la desastrosa e inconveniente iniciativa del #CCChapultepec deberían comprometerse y negar participación en futuras o posibles adjudicaciones directas de obra o proyectos públicos por que eso constituye una violación al derecho de participar y decidir igualitariamente sobre la ciudad que queremos; esos mismos arquitectos y urbanistas deberían desistir en participar dentro de los tan comunes concursos públicos donde los jurados o son conocidos, son amigos, son socios o ex-socios; además deberían declarar su negativa a participar dentro de aquellos proyectos, públicos o privados, que atentan contra el derecho a la ciudad, que alteran o modifican aquellos esquemas democráticos, plurales, incluyentes y de justicia, agendas tan urgentes en defender y que necesitamos ejercitar y ejercitar. Por la vía de la práctica se ejercen los derechos. Para este caso, los que tienen que ver con la ciudad y con la ciudadanía no es posible asumirlos por decreto, por lo menos no en nuestro país. Es necesario entender que únicamente por la vía del ejercicio de derechos y paulatinamente para una sociedad con tanta inequidad y desigualdad, es como podría alcanzarse una sociedad que verdaderamente pueda incidir de manera conveniente en la toma de decisiones sobre proyectos y obras con impacto en la esfera pública. El especialista sobre la ciudad no debe ser un profesionista, es una responsabilidad cívica, que insisto, hay que ejercitar y ejercitar.

Es momento oportuno, quizá exigible, que las voces críticas sobre el #CCChapultepec se alejen de las sospechas. Que la crítica sobre proyectos e iniciativas que tienen como base el ámbito, el dominio y el interés público y que determinan formas de interacción entre habitantes, no sea entendida, esta misma crítica, como medio para alcanzar intereses o para obtener posiciones de privilegio, herramienta tan común dentro del medio político mexicano. La crítica no solo es conveniente en coyunturas o particularidades, es necesario que la crítica apuntale o justifique, en algún sentido, la posición ética de profesionistas y tenga eco en la conformación de un programa de defensa de la ciudad, de la sociedad y de sus derechos.

¿De qué se habla cuando la agenda es la defensa del derecho a la ciudad?

Gobierno Federal anuncia bursatilización de la INFE

Enrique Peña Nieto presentó un plan de acciones con el cual retomar, según afirma, "la confianza en el gobierno, fomentar el crecimiento económico, el fortalecimiento de la cultura y la educación, así como la seguridad y los programas sociales". En la agenda de la educación, específicamente al tema de la infraestructura física educativa, la administración federal fundamente sus expectativas y esperanzas, por complicado que sea entenderlo, en la lógica del mercado de valores vía la emisión de bonos.

“Las escuelas deben estar en el centro del sistema educativo nacional. La educación requiere que los salones de clases se encuentren en condiciones dignas. Próximamente anunciaremos bonos de infraestructura educativa en la BMV para ampliar los alcances de la reforma educativa. Será un innovador instrumento de ingeniería financiera para multiplicar los recursos para las entidades que se sumen a este programa”.

El contexto del anuncio es, indudablemente, la condición actual de las escuelas en México y el reto administrativo que sugiere la Reforma Educativa en esa materia. En el sitio web del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE) se presenta el documento "Principales Cifras, Ciclo Escolar 2014-2015" el cual indica la existencia y operación de poco más 228,000 planteles educativos públicos en todos los niveles en el país. Pero ¿qué condiciones guardan esas escuelas? El estado físico de las escuelas en México es sin lugar a dudas, vergonzoso: De las 228 mil 269 escuelas que albergarán a más de 25 millones de alumnos en el actual ciclo escolar, el Censo reveló que el 27.72% de esos planteles, es decir 57 mil 567, no cuentan con acceso a la red de agua potable, 23 mil 283 no cuentan con servicios sanitarios, 20 mil 111 sin servicio de energía eléctrica, 2 mil 241 escuelas están hechas con  materiales precarios, 14 mil 444 no cuentan con pizarrones, 81 mil 718 están sin drenaje, 45 mil 837 operan sin áreas deportivas o recreativas, 125 mil 552 sin teléfonos, 123 mil 511 sin conexión a Internet, 96 mil 310 sin rampas para personas con discapacidad.

¿Pero qué son los anunciados bonos de infraestructura educativa? A reserva de lo que presente y pormenorice el Secretario de Educación en próximas fechas, tanto en relación a los bonos y su naturaleza como mecanismo bursátil que es, así como los objetivos, metas y condiciones del programa, podemos adelantar que los bonos, como tal, son instrumentos de deuda que emiten los gobiernos. El objetivo para emitir bonos es obtener liquidez, dinero y para ello se comprometen a pagar a los inversionistas la totalidad del capital invertido más intereses, a una tasa y tiempo estipulado desde el inicio. En resumen, el Gobierno Federal adquirirá deuda por medio de un mecanismo bursátil llamado "Bono de Infraestructura Educativa". La liquidez o dinero obtenido será empleado vía partidas desde el programa "Escuelas al CIEN" en cada uno de los estados del país. De tal forma, se dice, se podrán atender a más de 33 mil planteles educativos en toda la geografía nacional que con urgencia necesitan acciones de mejora en sus servicios básicos e infraestructura. Para esto último es esperable un padrón de escuelas que serán atendidas, el encargado en ofrecer esta información deberá ser el INIFED.

Con lo anterior, las dudas que surgen son profundas y de peso y están, en primer término, en la naturaleza de las escuelas que serán atendidas. En principio las escuelas beneficiadas son aquellas que presentan los mayores niveles de rezago y falta de pertinencia en sus condiciones de servicios e infraestructura. Es tarea del INIFED realizar anualmente diagnósticos sobre el estado actual de la infraestructura educativa nacional y de éstos diagnósticos se desprenderá el padrón final de escuelas en las que se invertirá el dinero gestionado vía bonos. Un segundo aspecto que plantea severas interrogantes, es el relativo a los controles a implementar para verificar la eficiencia y veracidad en la aplicación de recursos y en el impacto positivo que debería esperarse. Si el hecho de auditar a 33 mil planteles, bajo las actuales e institucionalizadas formalidades en México, suena a algo complicado, resultará prácticamente imposible para organizaciones no gubernamentales y sociedad en general, tener la certeza de que en 33 mil planteles fueron aplicados recursos eficientemente. Lo que queda es estar muy atentos en la presentación formal del programa y, en medida de lo posible, organizarse y vincularse con todas aquellas instancias y organizaciones que darán seguimiento al mismo.