miércoles, 22 de abril de 2015

La ficha geopolítica del fracking


Articulo publicado en Revista Consideraciones, ver aquí.

En 2013 a raíz de la Reforma Energética impulsada por el Gobierno Federal, se generó en el país una gran controversia. Diversas críticas y opiniones se ofrecieron al respecto, tanto por partidos políticos, por organizaciones sociales, por ciudadanos, por académicos y diversos especialistas en la materia.

La mayor discusión se ofreció sobre la orientación de la misma Reforma, la cual es señalada como abiertamente privatizadora, ya que las modificaciones a los Artículos 27 y 28 eliminan la prohibición a privados de explotar, procesar, manejar y comercializar hidrocarburos, situación que modifica profundamente la escencia de la nacionalización de la industria del petróleo de 1938. Ante la controversia de permitir inversiones en el sector energético con capital privado y propiciar un uso indiscriminado de bienes comunes de los mexicanos, el Gobierno Federal mencionó que la Reforma no implica privatización alguna ya que ésta trata, según señalan, de un modelo de utilidad compartida, un modelo donde las empresas privadas cargan con los costos y el riesgo, y si el proyecto resulta exitoso el inversionista privado obtendría parte de las ganancias. En ese sentido muchas de las críticas indican que la Reforma Energética aprobada, contrario a lo dicho por el Gobierno, no es un camino factible para apoyar el desarrollo económico y social requerido por el país, que el esquema definido en la Reforma no fortalece una explotación inteligente y consistente de los recursos nacionales y dificultará, aún más, la agenda de la soberanía nacional. Pero lo controversial de la Reforma no únicamente está en el otorgar a privados el derecho de realizar diversos trabajos en materia energética, antes exclusivos del estado. Es también controversial por la autorización en el empleo de la fractura hidráulica o fracking como un medio para extraer gas.

¿FRACKING? La fractura hidráulica o fracking es el término común con el cual se define la extracción no convencional de gas natural, gas también llamado shale, de lutita o de esquisto. La extracción de gas vía fracking consiste en fracturar por medio de diversos procedimientos un determinado estrato rocoso del subsuelo a profundidades de hasta 4 mil metros. La extracción de gas natural por medios convencionales fue por mucho tiempo una industria simple, fácil y con costos bajos, permitiendo con ello una alta rentabilidad. Esa rentabilidad se sustentó en que el gas natural regularmente está concentrado o atrapado en estratos de roca altamente porosa a mucha presión. Para realizar la extracción es suficiente perforar y llegar al depósito y de esta forma, por principio físico de diferencia de presión, el gas fluye hacia la superficie. Esta situación en buena medida aseguró estabilidad en los precios del gas natural dentro de los mercados internacionales, situándose regularmente en precios bajos. No fue hasta la caída en el volumen de producción mundial, ocasionada por el agotamiento de muchos yacimientos y prevista en los años 60´s por la Teoría del Pico de Hubbert, que ante un consumo mundial de energéticos en constante crecimiento la producción de gas y petróleo no pudo ser sostenida y equiparable entre oferta y demanda, el costo de extracción incrementó y en consecuencia los precios del gas natural comenzaron a aumentar. En México no existen antecedentes directos de extracción de gas con empleo del fracking, situación muy distinta a la de Estados Unidos, país en el que se ha extraído gas no convencional por medio del fracking de manera intensiva-extensiva en los últimos diez años. Esto ha producido en el vecino del Norte un número considerable de consecuencias negativas, tanto ambientales como sociales, así como una marcada oposición de la población afectada. Por otro lado se han ofrecido muchos señalamientos en el ámbito de la viabilidad económica. El fracking requiere una alta inversión en comparación con la extracción convencional de gas ya que alrededor de del 80% de los pozos perforados en Estados Unidos resultan inviables comercialmente, tanto por su vida útil fijada en no más de 7 años como por su capacidad de producción, situada en apenas un 20% en comparación con un pozo de gas convencional. La inversión necesaria para explotar un pozo de gas por la vía del fracking oscila entre 3 y 10 millones de dólares, lo que estaría en el orden de 45 y 150 millones de pesos en México por pozo.

Una de las posiciones críticas con más fundamento y sustento, que ha servido en muchos sentidos como referencia, es la del académico y periodista Alfredo Jalife, quien en 2013 señaló para la Jornada:

“Si bien es cierto, la Reforma Energética en México acude a modelos existentes y operativos en países como Brasil, China, Rusia o Noruega. Ese modelo del que hablamos es la bursatilización, el cual consiste en agrupar activos en un fideicomiso emisor, quien a su vez, emite títulos de deuda ante los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, en un mercado de valores organizado. México también lo hará de esta manera, pero la gran diferencia entre los países mencionados anteriormente y el nuestro es que estos países bursatilizaron con una banca nacional, teniendo bien controladas sus acciones petroleras, y México no lo hará de esta manera. El panorama nuestro es que de un momento a otro cualquier movimiento en bolsa provocara la caída de estas acciones en Wall Street, las cuales serán controladas desde ahí.”

¿RENTABILIDAD FINANCIERA O RECURSO GEOPOLÍTICO? El acceso a energéticos es por muchas razones, cuestión estratégica para los países hegemónicos, no se diga para la superpotencia económica. Muchos especialistas señalan sobre la intencionalidad geopolítica y de sustentación hegemónica de Estados Unidos en el empleo y promoción del fracking. Para muchos esta situación ilustra la implantación de una nueva burbuja financiera, como la inmobiliaria del 2008, la cual se basa en mecanismos financieros-especulativos altamente sofisticados, caracterizados por un sostenimiento de precios, del gas extraído vía fracking para este caso, anormal y alejado del valor real del mismo hidrocarburo según el mercado global de energéticos. Este proceso especulativo, que trata de una cadena de intereses que incluye al gobierno Norteamericano, industriales y mercados, sitúan en venta un combustible con precios inflados. Únicamente con precios considerablemente altos, ficticios-especulativos, es posible tener una balanza ligeramente aceptable entre el costo de extracción y la venta en el mercado del gas extraído por medio del fracking. Para mantener temporalmente “estable” o funcional a la burbuja financiera del fracking y que no explote y genere una nueva y devastadora recesión global, es necesario arrastrar al mercado de energéticos en el mismo ámbito especulativo de explotación-compra de gas fracking. Aquí entra México como socio y víctima preferencial de la elite financiera-industrial de Estados Unidos.

¿MOTIVOS? Hay que sostener la ficción de la viabilidad y factibilidad financiera de la explotación de gas vía fracking, el cual no es rentable bajo las actuales lógicas de extracción, colocación en mercados y de obtención de utilidades, pero es altamente rentable como factor de manipulación y de sometimiento geopolítico. Es suficiente citar la tan anunciada autosuficiencia energética de Estados Unidos, según alcanzada por el empleo del fracking. No es otra cosa que la implementación de un mecanismo para contener y sancionar la dependencia energética con países productores de hidrocarburos políticamente-ideológicamente no alineados, tanto Venezuela, países Árabes y muy enfáticamente Rusia. Con la burbuja financiera del fracking Estados Unidos les obliga a reducir la producción en favor de mantener precios altos o mantener los niveles de extracción pero con una insostenible reducción de los precios. No sabemos al día de hoy si la clase política del país dio luz verde a la implementación del fracking (Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Tabasco) por una prescripción directa del vecino y socio del norte, al amparo del TLC-AN, o si simplemente fueron impulsados por la ignorancia y la voracidad referidas con las supuestas opciones de incrementar las reservas energéticas del país para su posterior remate con inversionistas privados. Lo que resulta evidente y lamentable es como, sistemáticamente se ignoran los diversos riesgos relacionados con el despojo de territorios, muy similar a lo que ya ocurre con proyectos mineros o turísticos y que decir de los diversos problemas que la tecnología de la fractura hidráulica supone en materia medioambiental.

Hay quien dice que en política no existen las coincidencias. Esto último tiene que ver con la muy criticada y controvertida Ley de Aguas, ya que el fracking, como señala el diario El País, requiere por pozo hasta 200 mil metros cúbicos de agua combinados con 500 sustancias químicas, la gran mayoría desconocidas por tratarse de un proceso tecnológico patentado. Es decir, la Ley de Aguas no solo da paso a la privatización del líquido, plantea que el abasto, dentro de aquellas zonas previstas a implementar el fracking, responderá a esquemas de rentabilidad industrial-energética por encima del derecho humano al agua. Con lo anterior se abre la competencia por los recursos disponibles de agua entre el complejo industrial-energético y los grupos sociales, los ecosistemas y la agroindustria de alimentos.

¿Y quién tiene los recursos y medios para ganar? ¿Una sociedad diezmada por la violencia, por la insuficiencia económica? ¿Prevalecerán los intereses de cuidado y preservación del medio ambiente? ¿El campo mexicano podrá levantar la mano? o ¿Acaso el complejo industrial-financiero, al amparo de la clase política, tendrá más posibilidades?

La anterior información planteada y revisada, apenas en un muy breve aspecto, solo confirma la profunda urgencia en modificar la estructura político-económica actual del Gobierno e instituciones públicas en México. El permitir la culminación en la aplicación del libre mercado, el continuar con la erosión de la soberanía nacional por medio de la toma de decisiones políticas desprovistas de un profundo sentido de responsabilidad social nos situará sin duda, en una escalada de degradación que apenas hoy somos capaces de advertir.






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