La ficha geopolítica del fracking

Articulo publicado en Revista Consideraciones, ver aquí.

En 2013 a raíz de la Reforma Energética impulsada por el Gobierno Federal, se generó en el país una gran controversia. Diversas críticas y opiniones se ofrecieron al respecto, tanto por partidos políticos, por organizaciones sociales, por ciudadanos, por académicos y diversos especialistas en la materia.

La mayor discusión se ofreció sobre la orientación de la misma Reforma, la cual es señalada como abiertamente privatizadora, ya que las modificaciones a los Artículos 27 y 28 eliminan la prohibición a privados de explotar, procesar, manejar y comercializar hidrocarburos, situación que modifica profundamente la escencia de la nacionalización de la industria del petróleo de 1938. Ante la controversia de permitir inversiones en el sector energético con capital privado y propiciar un uso indiscriminado de bienes comunes de los mexicanos, el Gobierno Federal mencionó que la Reforma no implica privatización alguna ya que ésta trata, según señalan, de un modelo de utilidad compartida, un modelo donde las empresas privadas cargan con los costos y el riesgo, y si el proyecto resulta exitoso el inversionista privado obtendría parte de las ganancias. En ese sentido muchas de las críticas indican que la Reforma Energética aprobada, contrario a lo dicho por el Gobierno, no es un camino factible para apoyar el desarrollo económico y social requerido por el país, que el esquema definido en la Reforma no fortalece una explotación inteligente y consistente de los recursos nacionales y dificultará, aún más, la agenda de la soberanía nacional. Pero lo controversial de la Reforma no únicamente está en el otorgar a privados el derecho de realizar diversos trabajos en materia energética, antes exclusivos del estado. Es también controversial por la autorización en el empleo de la fractura hidráulica o fracking como un medio para extraer gas.

¿FRACKING? La fractura hidráulica o fracking es el término común con el cual se define la extracción no convencional de gas natural, gas también llamado shale, de lutita o de esquisto. La extracción de gas vía fracking consiste en fracturar por medio de diversos procedimientos un determinado estrato rocoso del subsuelo a profundidades de hasta 4 mil metros. La extracción de gas natural por medios convencionales fue por mucho tiempo una industria simple, fácil y con costos bajos, permitiendo con ello una alta rentabilidad. Esa rentabilidad se sustentó en que el gas natural regularmente está concentrado o atrapado en estratos de roca altamente porosa a mucha presión. Para realizar la extracción es suficiente perforar y llegar al depósito y de esta forma, por principio físico de diferencia de presión, el gas fluye hacia la superficie. Esta situación en buena medida aseguró estabilidad en los precios del gas natural dentro de los mercados internacionales, situándose regularmente en precios bajos. No fue hasta la caída en el volumen de producción mundial, ocasionada por el agotamiento de muchos yacimientos y prevista en los años 60´s por la Teoría del Pico de Hubbert, que ante un consumo mundial de energéticos en constante crecimiento la producción de gas y petróleo no pudo ser sostenida y equiparable entre oferta y demanda, el costo de extracción incrementó y en consecuencia los precios del gas natural comenzaron a aumentar. En México no existen antecedentes directos de extracción de gas con empleo del fracking, situación muy distinta a la de Estados Unidos, país en el que se ha extraído gas no convencional por medio del fracking de manera intensiva-extensiva en los últimos diez años. Esto ha producido en el vecino del Norte un número considerable de consecuencias negativas, tanto ambientales como sociales, así como una marcada oposición de la población afectada. Por otro lado se han ofrecido muchos señalamientos en el ámbito de la viabilidad económica. El fracking requiere una alta inversión en comparación con la extracción convencional de gas ya que alrededor de del 80% de los pozos perforados en Estados Unidos resultan inviables comercialmente, tanto por su vida útil fijada en no más de 7 años como por su capacidad de producción, situada en apenas un 20% en comparación con un pozo de gas convencional. La inversión necesaria para explotar un pozo de gas por la vía del fracking oscila entre 3 y 10 millones de dólares, lo que estaría en el orden de 45 y 150 millones de pesos en México por pozo.

Una de las posiciones críticas con más fundamento y sustento, que ha servido en muchos sentidos como referencia, es la del académico y periodista Alfredo Jalife, quien en 2013 señaló para la Jornada:

“Si bien es cierto, la Reforma Energética en México acude a modelos existentes y operativos en países como Brasil, China, Rusia o Noruega. Ese modelo del que hablamos es la bursatilización, el cual consiste en agrupar activos en un fideicomiso emisor, quien a su vez, emite títulos de deuda ante los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, en un mercado de valores organizado. México también lo hará de esta manera, pero la gran diferencia entre los países mencionados anteriormente y el nuestro es que estos países bursatilizaron con una banca nacional, teniendo bien controladas sus acciones petroleras, y México no lo hará de esta manera. El panorama nuestro es que de un momento a otro cualquier movimiento en bolsa provocara la caída de estas acciones en Wall Street, las cuales serán controladas desde ahí.”

¿RENTABILIDAD FINANCIERA O RECURSO GEOPOLÍTICO? El acceso a energéticos es por muchas razones, cuestión estratégica para los países hegemónicos, no se diga para la superpotencia económica. Muchos especialistas señalan sobre la intencionalidad geopolítica y de sustentación hegemónica de Estados Unidos en el empleo y promoción del fracking. Para muchos esta situación ilustra la implantación de una nueva burbuja financiera, como la inmobiliaria del 2008, la cual se basa en mecanismos financieros-especulativos altamente sofisticados, caracterizados por un sostenimiento de precios, del gas extraído vía fracking para este caso, anormal y alejado del valor real del mismo hidrocarburo según el mercado global de energéticos. Este proceso especulativo, que trata de una cadena de intereses que incluye al gobierno Norteamericano, industriales y mercados, sitúan en venta un combustible con precios inflados. Únicamente con precios considerablemente altos, ficticios-especulativos, es posible tener una balanza ligeramente aceptable entre el costo de extracción y la venta en el mercado del gas extraído por medio del fracking. Para mantener temporalmente “estable” o funcional a la burbuja financiera del fracking y que no explote y genere una nueva y devastadora recesión global, es necesario arrastrar al mercado de energéticos en el mismo ámbito especulativo de explotación-compra de gas fracking. Aquí entra México como socio y víctima preferencial de la elite financiera-industrial de Estados Unidos.

¿MOTIVOS? Hay que sostener la ficción de la viabilidad y factibilidad financiera de la explotación de gas vía fracking, el cual no es rentable bajo las actuales lógicas de extracción, colocación en mercados y de obtención de utilidades, pero es altamente rentable como factor de manipulación y de sometimiento geopolítico. Es suficiente citar la tan anunciada autosuficiencia energética de Estados Unidos, según alcanzada por el empleo del fracking. No es otra cosa que la implementación de un mecanismo para contener y sancionar la dependencia energética con países productores de hidrocarburos políticamente-ideológicamente no alineados, tanto Venezuela, países Árabes y muy enfáticamente Rusia. Con la burbuja financiera del fracking Estados Unidos les obliga a reducir la producción en favor de mantener precios altos o mantener los niveles de extracción pero con una insostenible reducción de los precios. No sabemos al día de hoy si la clase política del país dio luz verde a la implementación del fracking (Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Tabasco) por una prescripción directa del vecino y socio del norte, al amparo del TLC-AN, o si simplemente fueron impulsados por la ignorancia y la voracidad referidas con las supuestas opciones de incrementar las reservas energéticas del país para su posterior remate con inversionistas privados. Lo que resulta evidente y lamentable es como, sistemáticamente se ignoran los diversos riesgos relacionados con el despojo de territorios, muy similar a lo que ya ocurre con proyectos mineros o turísticos y que decir de los diversos problemas que la tecnología de la fractura hidráulica supone en materia medioambiental.

Hay quien dice que en política no existen las coincidencias. Esto último tiene que ver con la muy criticada y controvertida Ley de Aguas, ya que el fracking, como señala el diario El País, requiere por pozo hasta 200 mil metros cúbicos de agua combinados con 500 sustancias químicas, la gran mayoría desconocidas por tratarse de un proceso tecnológico patentado. Es decir, la Ley de Aguas no solo da paso a la privatización del líquido, plantea que el abasto, dentro de aquellas zonas previstas a implementar el fracking, responderá a esquemas de rentabilidad industrial-energética por encima del derecho humano al agua. Con lo anterior se abre la competencia por los recursos disponibles de agua entre el complejo industrial-energético y los grupos sociales, los ecosistemas y la agroindustria de alimentos.

¿Y quién tiene los recursos y medios para ganar? ¿Una sociedad diezmada por la violencia, por la insuficiencia económica? ¿Prevalecerán los intereses de cuidado y preservación del medio ambiente? ¿El campo mexicano podrá levantar la mano? o ¿Acaso el complejo industrial-financiero, al amparo de la clase política, tendrá más posibilidades?

La anterior información planteada y revisada, apenas en un muy breve aspecto, solo confirma la profunda urgencia en modificar la estructura político-económica actual del Gobierno e instituciones públicas en México. El permitir la culminación en la aplicación del libre mercado, el continuar con la erosión de la soberanía nacional por medio de la toma de decisiones políticas desprovistas de un profundo sentido de responsabilidad social nos situará sin duda, en una escalada de degradación que apenas hoy somos capaces de advertir.

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Cartografía del Fracking en México

Acceso al agua en escuelas públicas: Historia de vergüenza e infamia

LA ESCUELA Y EL ESPEJO: Realizando una revisión general y básica, la formulación en México de un estado con orientaciones sociales en el siglo XX es resultado directo del llamado "triunfo" de la Revolución Mexicana, a saber un triunfo complejo, costoso y parcial. En ese sentido, un interés considerable de las élites recientemente empoderadas en los años 20´s se vio reflejado en la creación de diversas instituciones que pudieran soportar, justificar y hacer operativo a ese "Estado Social Revolucionario". Una de ellas, fundamental, la Secretaria de Educación Pública. El citado "triunfo" de la Revolución situó a la educación en México como un derecho social fundamental, el cual exigía una enérgica y determinante intervención del Estado Mexicano. Los intereses de esa intervención estatal fueron varios, pero uno de importancia toral fue el referido a una instrucción cívica (en ningún sentido podría entenderse como formación cívica), misma que debía coincidir con el deficiente o inconcluso ideario social de país y que debía legitimar a las instituciones públicas, sus representantes, intereses, prácticas y símbolos. Bajo el sentido anterior millones de niños reconocen y han reconocido de alguna manera al Estado Mexicano por y desde su escuela, por la naturaleza y condición de sus aulas, sus patios, sus explanadas, sus baños. Desde los diversos eventos tributarios a representaciones históricas simplistas y reduccionistas. Desde el sentido y naturaleza de las modalidades y orientaciones pedagógico-didácticas en las que se ven inmersos y desde las cuales deberían de recibir algún tipo de conocimiento o enseñanza. Desde los perfiles y competencias de los profesores y trabajadores de la educación y también, sobre los ánimos e inercias a los cuales, éstos últimos pertenecen o participan ya sea por convicción o por exigencia. La escuela pública en México es un ámbito que ofrece diversos mensajes, pero también es un ámbito que da pulso o dimensión de la situación misma de la educación en México, presentada ésta como institución. Por un lado, la escuela pública resulta ser un semillero muy dudoso de identidad cívica nacional, vinculado, como se ha mencionado, a los idearios e intereses del Estado Mexicano. Por el otro lado la escuela pública es también un espejo el cual refleja irremediablemente la profunda crisis del actual Estado Mexicano.

Hace un año Jesus Silva-Herzog Márquez, en referencia al resultado del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos realizado por el INEGI en el 2013 apuntaba:

“En la escuela se adquiere información, pero también algo más: sentido de pertenencia. Ése es el sentido republicano de la escuela y, en particular, de la escuela pública: cultivar una experiencia viva del ‘nosotros’. Nuestras escuelas proyectan el mensaje contrario: menosprecio, olvido, exclusión. La reforma educativa no puede ser solamente una reforma política de la educación, la victoria de una burocracia contra un sindicato. Su sentido básico debe ser la inclusión, el aliento al saber y la creatividad.”

Insistiendo en la metáfora de espejo, hoy la escuela pública ofrece el reflejo de un Estado Mexicano colapsado, el reflejo de una crisis que supera lo educativo y las políticas de educación y se instala en la totalidad de las instituciones de gobierno bajo el ánimo de una profunda falta de legitimidad, de confianza y de transparencia.

EL AGUA, LAS ESCUELAS Y LA INFAMIA: El antes citado Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos, que puedes consultar aquí, ofrece una radiografía vía estadísticas sobre la condición de la educación pública en nuestro país. El Censo trata de un trabajo amplio, detallado y profundo, el cual documenta diversos aspectos de los entornos físicos o administrativos donde los niños se forman. Lo anterior relativo a la condición legal de las escuelas, sus dimensiones y características físicas, la planta docente, matrícula de alumnos, servicios con los que cuenta, su ubicación y vinculación urbana, la cobertura, la accesibilidad entre otros. Con este documento se logra revisar, por un lado, la naturaleza de la cobertura educativa en la actualidad, logrando describir los principales retos que requieren de atenciones y soluciones urgentes. Por otro lado el Censo ofrece la dura lectura que enumera y pormenoriza problemas de una crudeza social y política insostenible, como lo es la abrumadora cantidad de escuelas sin energía eléctrica, sin acceso a internet, sin baños, sin pisos, sin aulas, sin maestros, sin agua potable. En relación al último punto, recordemos que actualmente en la Cámara de Diputados se discute la Ley de Aguas en México, la cual es señalada por diversas organizaciones sociales como abiertamente privatizadora, y la cual de ser aprobada, agravará aún más el acceso del líquido en aquellos grupos marginados o vulnerables, o los que reciben el mínimo y que decir de los que no cuentan con el servicio. Dentro de los grupos marginados que no cuentan con acceso a la red pública de agua potable, está el sector educativo. Pero no se trata de 10, 100 o 1000 escuelas. Actualmente en México hay poco más de 49,000 escuelas sin acceso a la red pública de agua potable. Pero el problema revisado no únicamente trata de la indolencia gubernamental que permite la carencia de agua en las escuelas públicas, también, que a mi parecer es más profundo y reprochable, se trata del tipo de respuestas ofrecidas por el poder político y el manejo que de ellas se hace. El Gobierno crea un impuesto para dotar de bebederos escolares en todos los planteles públicos, el Gobierno destina únicamente el 10% de lo recaudado. ¿Acaso no es una infamia?

Con información del Diario Oficial de la Federación, dentro del presupuesto de egresos 2015 se designan para la instalación de bebederos en las escuelas menos del 9% de los recursos que se obtuvieron por el IEPS (Impuesto Especial de Productos y Servicios) impuesto aplicable a bebidas azucaradas y alimentos calóricos. En total, según se establece en el documento, se recaudaron con el nuevo impuesto $12,400 MDP, de los cuales únicamente se destinarán $1,300 MDP para la instalación de bebederos escolares. Recordemos que uno de los elementos argumentales centrales para la aplicación del IEPS a bebidas endulzadas o alimentos con alto contenido calórico fue el de combatir la obesidad y mejorar hábitos alimenticios y poder en el medio y largo plazo afrontar el costo en constante crecimiento de la salud pública en México generada por la diabetes, obesidad y otros padecimientos relacionados. Para lo anterior el Estado se comprometía a instalar bebederos en las escuelas, nivel básico y con cobertura nacional.

El Centro de Estudios de Finanzas Públicas, órgano dependiente de la Cámara de Diputados, realizó un estudio económico y de inversión sobre los requerimientos mínimos necesarios para la instalación de bebederos escolares en todas las escuelas de nivel básico en el país, aplicable a término de la actual administración Federal. De este estudio se desprende que para cumplir la meta de colocar bebederos en las más de 206 mil escuelas de educación básica del país se requiere un presupuesto mínimo de $11,600 MDP, de los cuales $3,546 MDP deberían ser aplicados en el 2015, $3,866 MDP en el 2016 y $4,187 MDP para 2017. Como podemos ver la partida asignada para la instalación de bebederos en 2015 es del orden del 30% de lo estimado para el mismo año, esta situación demuestra una vez más la profunda y deliberada irresponsabilidad e incompetencia del Gobierno Mexicano al momento de priorizar y atender problemáticas estructurales en la educación y niñez de nuestro país. La partida asignada para la instalación de bebederos es en todos los sentidos incongruente, abusiva y dolosa sobre todo si se realiza una comparación básica con la recaudación alcanzada por el gobierno vía el IEPS aplicado a bebidas azucaradas y alimentos calóricos, que como se ha mencionado, se inició como medida fiscal para afrontar el creciente costo de la obesidad y diabetes, en la cual el acceso al agua potable es imprescindible para evitar consumo de bebidas con alto contenido calórico.

Si ésta no es una historia de vergüenza e infamia, ¿Qué es?