Caña amarga

El Tratado significa más empleo y mejor pagado para los mexicanos (…) y es así, porque vendrán más capitales, más inversión, que quiere decir más oportunidades de empleo aquí, en nuestro país, para nuestros compatriotas. En palabras sencillas, podremos crecer más rápido y entonces concentrar mejor nuestra atención para beneficiar a quienes menos tienen.

Carlos Salinas de Gortari / previo a la firma del TLC-AN, 1992

La anunciada imposición de aranceles por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos a las importaciones de azúcar mexicana, confirma, a veinte años de la integración comercial de Norteamérica, antecedida y precedida por continuas reformas, la total incompetencia del gobierno mexicano en materia de negociación y firma de un Tratado de Libre Comercio desbalanceado, arbitrario y proteccionista, en favor de las economías altamente desarrolladas de Estados Unidos y Canadá. Igualmente el gobierno mexicano acude a un menosprecio e indiferencia aguda en lo que respecta a la defensa de las posiciones e intereses de los diversos sectores que integran la economía nacional, entre ellos, el de la agroindustria de la caña de azúcar. Previo a la firma del TLCAN, y similar a lo acontecido en los últimos 18 meses con el actual gobierno federal reformador, se insistía hasta la saciedad en los beneficios supuestos de aperturar y modificar los marcos legales de diversos sectores, incluido el agrícola. Se aseguraba que las reformas y las modificaciones constitucionales solo tienen una dirección, la del desarrollo social y desarrollo económico real y duradero. Bajo estos intereses, en 1992, preámbulo a la firma del TLCAN se modifica el Art. 27 para "catapultar" la productividad y competitividad agrícola. 

Como sabemos hoy, todo fue mentira, una mentira más del gobierno mexicano. El sector agrícola, referido al de los pequeños propietarios de tierra, al de los productores de baja escala, el de los campesinos o agricultores rurales está colapsado y desahuciado. La medida del "socio" estratégico del norte, solo oficializará la quiebra de los industriales y productores nacionales de la caña de azúcar, sector que contabiliza 500 mil empleados directos y más de dos millones indirectos dentro de 16 estados del país. Al margen, ¿qué sucederá? ¿Se asumirá la impuesta medida arancelaria? ¿Se decidirá una disminución del precio del endulzante para mantener el frágil, poco sostenido y desleal mercado de colocación norteamericano? ¿Se disminuirá el nivel general de producción para asegurar ganancias en específicos grupos con poder político, como el Grupo Azucarero México (GAM)? ¿Seremos espectadores, una vez más, de la descomposición de un sector social productivo, históricamente mermado y su vuelco dramático -amigos, familiares, cercanos- a aquellas esferas que le aseguren una subsistencia con elevados riesgos dentro del crimen organizado? O ¿Será un elemento germen, que parte de un legítimo resentimiento social que aspira a moralizar y politizar la formulación de un proyecto y un programa, el cual logre irrumpir, desestabilizar y transformar el esquema de poder político nacional actual?

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