Según estadísticas de la SEP en México, dentro del ciclo escolar 2011-2012 operaron 256,664 planteles educativos. Esta cifra supuesta incluye todos los niveles así como los dos esquemas de enseñanza o formación preponderantes: públicos y privados. Naturalmente sabemos que en nuestro país la educación es mayoritariamente pública y estratégica para el Gobierno Mexicano, por consiguiente la cobertura de la infraestructura física educativa de este sector resulta ser la más extensa. Esta gigantesca cantidad de planteles distribuida en todo el territorio nacional bajo las lógicas y objetivos de los programas educativos federales en turno -las cuales regularmente no escapan a estrategias políticas inciertas, propagandísticas o de valor partidario- está configurada apenas por no más de treinta modelos o tipos de aulas o edificios, muchos de ellos formulados desde los años 50´s por nombres para nosotros conocidos como Francisco Artigas o Pedro Ramírez Vázquez.
Estos modelos o tipos de "escuela" siendo mezclados, adecuados, tropicalizados o acudiendo a variantes previstas de diseño -o no- han sido implantados indiscriminadamente dentro de contextos ya sea urbanos, semi-urbanos o rurales, así mismo dentro de las más diversas condiciones climáticas, geográficas, topográficas, culturales o económicas. Es común encontrar las mismas escuelas, las mismas aulas tanto en DF, Cd. Juárez, Acapulco que en la sierra poblana, en el área tzotzil chiapaneca o en la zona popular no turística de Cancún. Con este esquema de dotación y cobertura de infraestructura se conforma y ha conformado la totalidad de los espacios para la enseñanza y educación del país desde hace por lo menos 70 años y se constata con esto el interés total del gobierno mexicano, por medio de la SEP y con el apoyo antes del CAPFCE(1) y hoy del INIFED(2), en homologar y transmitir el mensaje desde la "arquitectura educativa" sobre la visión centralista del estado Mexicano, aún dentro de una creciente necesidad descentralizadora de las instituciones y de los poderes públicos.
Actualmente en el país todo lo referente a la Infraestructura Física Educativa (INFE) se encuentra regulada por la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (LGINFE), decretada por el presidente de la república en 2008, ley que incluyó la creación tanto del organismo descentralizado INIFED como de organismos estatales mismos que sustituyeron al CAPFCE. La alusión a la infraestructura física educativa es referente -según la misma ley- a los edificios, aulas, servicios, instalaciones y equipamientos empleados para dar soporte, llevar a efecto o albergar todas las actividades requeridas dentro del contexto educativo nacional. La infraestructura física es, por la obviedad, uno de los componentes operativos centrales del sistema educativo mexicano pero no confundir a esta como el origen o destino.
Aún cuando la cobertura actual en México sobre educación básica está arriba del 94%, el Sistema Nacional de Información Educativa ofrece esos datos, existe un porcentaje considerable de personas sin acceso a planteles. Por otro lado UNICEF-México señala, citando la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2007 que:
"Todavía hay un número importante de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que no asisten a la escuela (cerca de 1.7 millones de niños y 1.4 millones de niñas). Se estima que de la población de seis a once años, a nivel nacional, aún no asiste a la escuela entre 1 y 2% por motivos de trabajo agrícola o debido a impedimentos físicos. La realidad de fuertes disparidades y exclusión social del país se refleja todavía en niveles desiguales de cobertura en educación primaria, con brechas importantes en el nivel preescolar y fundamentalmente en la secundaria y en la media superior, donde una proporción significativa de los sectores pobres o más vulnerables no accede y muchos de los que ingresan no pueden concluir. Asimismo, existe desigualdad en la oferta del servicio que se brinda en las diferentes entidades federativas, en zonas rurales y urbanas, así como en escuelas privadas, públicas y al interior de estas últimas: escuelas generales, indígenas, educación comunitaria y educación para migrantes."
La problemática vista desde la actual administración federal, compartida y cercana con la visión del decenio panista, y aún cuando la cuestión educativa se presenta altamente compleja, multifactorial y con referencia a diversos actores involucrados. Tanto la SEP como el INIFED acuden al planteamiento esquemático de lograr una educación inclusiva, de calidad e innovadora por medio de programas nacionales cuya consecución de metas dependen de contar, entre otras básicas soluciones, con escuelas, edificios, instalaciones y equipamiento adecuado, de calidad, funcionales, sustentables. Entonces, se parte de la hipótesis quizá reduccionista de que la calidad de la educación tiene una estrecha relación con la calidad de la infraestructura física educativa(3).
En realidad estamos ante un problema distinto y mayor, el reto de la cobertura de espacios o infraestructura física educativa en México, necesaria para cumplir con los tópicos del sistema educativo nacional, está irremediablemente supeditada a las políticas educativas públicas emanadas de la SEP y de los intereses del Gobierno Federal en turno. Al respecto instituciones de primer orden como la UPN o el Colegio de Pedagogía en la UNAM indican sobre problemáticas de orden jurídico o legal, que las proyecciones dentro del marco educativo tanto del actual gobierno como de las cuatro anteriores administraciones federales acuden a la articulación y aplicación de políticas educativas ineficientes ancladas a un duro marco legal y supeditadas a las recomendaciones poco sensibilizadas al contexto nacional de organismos internacionales como la OCDE, BID o la UNESCO. Tampoco en la traslación de modelos educativos considerados eficientes como el finlandes o el cubano, entre otros, aseguran viables soluciones.
La infraestructura física educativa, como uno de los múltiples soportes de la política educativa actual, debe ser proyectiva a 15 o 20 años como mínimo, la cual deberá reorientarse obligadamente hacia una mejor formación y preparación de los docentes y de los educandos. Por lo tanto es urgente apelar a que las actuales políticas educativas federales y aquellas instituciones que las operan creen o determinen un perfil docente que desde el plano legal, administrativo y muy específico de la disciplina pedagógica incluya cualidades, capacidades y competencias prudentemente acotadas a los diversos escenarios y contextos sociales, de los requerimientos regionales y locales de los educandos. Lo cual implica asumir necesariamente el mismo tipo de responsabilidad dentro del ámbito de la planeación y diseño de la infraestructura física educativa. Las aulas, las escuelas, los planteles educativos son apenas un medio, un mecanismo físico que posibilita la ejecución de actividades diversas orientadas y aglutinadas bajo la idea de instrucción, enseñanza, preparación o formación. Si no es posible contar con aquellos elementos que signifiquen y soporten a los espacios para la educación estaremos, nuevamente, ante la prolongación de las posibles respuestas y la deficiente operación de nuestro sistema educativo nacional con todas sus repercusiones y condenas.
Julio del 2012, bajo el anterior contexto el INIFED y su anterior administración selecciona dentro del marco de la convocatoria del "Fondo Sectorial CONACyT-INIFED para la investigación y desarrollo tecnológico en la INFE" a un grupo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM -en el cual participo como coordinador- para el desarrollo de un proyecto ejecutivo de aula mismo que incluía la consecución de un prototipo escala 1:1 y que debería contar con todas las especificaciones para su producción masiva e industrializada entre otros requerimientos. Entendemos, por reiteradas reuniones y trabajo interinstitucional (INIFED, UNAM, CONACyT) que el interés del sector convocante está determinado exclusivamente por generar estrategias replicables a gran escala en lo que respecta a una INFE innovadora y mediáticamente redituable, así a secas y sin mayor interés en profundizar sobre las problemáticas de la educación en México y su infraestructura que el de contar con el aval de la UNAM en cuanto a un producto de diseño específico y poder agilizar con él el posible principio de una extensa campaña nacional con una nueva generación -en cuanto a diseño- de planteles educativos. Hoy, Agosto del 2013 el proyecto no inicia, ya existe convenio firmado tanto por el INIFED, el CONACyT, la Coordinación Científica de la UNAM y la Facultad de Arquitectura pero muchos términos de referencia y especificación de productos continúan en negociación.
Aún con el profundo interés en que el proyecto formalmente inicie, cuento ahora mismo con respuestas y opiniones que no será necesario esperar alcanzar una vez terminado y entregado el proyecto. La infraestructura educativa no resolverá los severos problemas educativos que actualmente el país en su conjunto experimenta (contrario a la opinión de arquitectos y diseñadores industriales); la infraestructura educativa es uno de los múltiples componentes del sistema educativo nacional y en consecuencia acude a un plano acotado de acción, participación y responsabilidad mismo que es necesario reorientar y modificar desde las instituciones y mecanismos legales pertinentes y vincular este a un verdadero proyecto transsexenal de educación.
(1) La labor del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa es implementar todas las normatividades de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país por medio de los organismos estatales, además de construir, equipar, dar mantenimiento y rehabilitar las instalaciones destinadas a la educación pública en general; así como llevar a cabo tareas de investigación e innovación en la materia.
(2) El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, es un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública, que tiene la responsabilidad de promover el mejoramiento, seguridad, calidad y pertinencia de la infraestructura fìsica educativa pública, mediante la emisión y difusión de la normatividad vigente en la materia; así como, a través de la verificación y evaluación de su aplicación.
(3) Hacia una Reforma del Sistema Educativo Nacional. UNAM, 2012.
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