La semana pasada dio inicio en todo el país, el ciclo escolar 2019-2020. En sus diversos tipos, niveles, grados y condiciones 25.4 millones de niños y jóvenes acudieron a alguno de los poco más de 150 mil centros de educación preescolar, primaria o secundaria con los que cuenta el Sistema Educativo Nacional (SEN). La noticia ha adquirido resonancia por tratarse de la apertura del primer ciclo escolar en el marco de la Cuarta Transformación, misma que sitúa al sector educativo como estratégico para sostener uno de sus pilares ideológico-programáticos: la equidad.
La equidad educativa, en su sentido más elemental, busca ofrecer las condiciones para que todos los niños y niñas de México, sin distinción de condición económica, social, religiosa, de género, etnia o grupos sociales, puedan hacer efectivo el derecho a la educación. Pero ¿Por qué establecer como prioridad la construcción de equidad desde lo educativo?
La respuesta necesariamente tiene que ver con el modelo político y económico que el Presidente busca transformar, modelo que desde su implementación hace más de 30 años, ha situado a México en un contexto de sistemática disminución de derechos sociales y que es responsable directo de las profundas brechas que impiden el ejercicio pleno del derecho a la educación. Bajo lo anterior, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha trazado caminos que buscan atender la construcción de esa nueva agenda educativa en la que, como se ha mencionado, plantea a la equidad como elemento transversal, necesario para revertir el agravio de las políticas neoliberales dentro del sector educativo nacional.
Los planteamientos de transformación del Gobierno Federal sobre la agenda educativa se sintetizan en la llamada Nueva Escuela Mexicana (NEM), en tanto que, como estrategia integral y en su primera fase, ha privilegiado el diálogo y la construcción de acuerdos entre autoridades y diversos actores que inciden dentro del sector de la educación. Uno de los primeros objetivos alcanzados de esta estrategia fue el hecho de que el proyecto de Reforma a los Artículos 3°, 31 y 73 alcanzaran el estatus de constitucional vía su aprobación por el Legislativo.
Otro frente en el que la Nueva Escuela Mexicana plantea modificaciones profundas y con las cuales hacer alcanzable el propósito de construir equidad desde la escuela, es en la gestión social de la infraestructura educativa con el programa La Escuela es Nuestra. Dicho programa, anunciado por el presidente en el mes de junio, ha sido objeto de diversos señalamientos y descalificaciones fundadas en lecturas parciales sobre la naturaleza de la agenda de la infraestructura educativa nacional, sobre sus problemáticas y retos. El contexto del anuncio presidencial sobre el programa, parte de un diagnóstico sobre la gestión gubernamental de la infraestructura educativa nacional, misma que ha sido marcada por la corrupción, malversación, desvíos e ineficacia técnica y operativa – así señalado por el presidente-.
Y sí, el diagnóstico del presidente es el correcto. Entre el año 2000 y el 2018, la inversión pública destinada al mantenimiento, mejora, equipamiento de las escuelas del país ascendió a poco más de 200 mil millones de pesos, situación que al ser contrastada con estadísticas sobre el estado actual de las escuelas, interroga sobre la correcta aplicación de estos recursos ya que miles de escuelas continúan, similar a hace dos sexenios, sin acceso a los servicios básicos y con las condiciones físicas más adversas para la actividad educativa, situación que sostiene y potencia las brechas de desigualdad en prejuicio siempre de los sectores más desfavorecidos.
Con datos de la Secretaría de Educación Pública, hoy sabemos que los niveles de marginación, rezago y falta de pertinencia de las escuelas de nivel básico en el país alcanzan un escandaloso 55%, es decir, unos 82,500 planteles, cifras muy similares a las reportadas por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) en el 2013. Esta condición crítica en la infraestructura educativa sería definitivamente de mayor escala si no fuera por la organización y el trabajo autogestivo de miles de padres de familia y trabajadores de la educación, quienes han afrontado por años la ausencia gubernamental, pudiendo planificar y ejecutar diversos trabajos de mejora y mantenimiento de los planteles donde sus hijos asisten y estudian.
Las brechas educativas propiciadas por la inequidad, son estructurales y se manifiestan por las profundas diferencias en la calidad de las clases, por el perfil y formación de los profesores, por la naturaleza y pertinencia de planes y programas de estudio. Pero también y necesariamente, por las condiciones materiales de las aulas, por el tipo de acceso a agua potable y energía eléctrica, por el estado de las bancas, de los baños y patios. Bajo el sentido más republicano de escuela, la construcción de equidad educativa debe partir asegurando el derecho a la educación con los que menos tienen y el programa La Escuela es Nuestra busca materializarlo en el corto y medio plazo vía un nuevo modelo de gestión de infraestructura educativa ciudadano, democrático, transparente y eficiente.
El programa, dentro de su primera fase planeada para principios de octubre, transferirá hasta 500 mil pesos a 12,000 planteles que presentan altos niveles de vulnerabilidad, rezago en infraestructura y servicios básicos. Las madres y padres de familia, profesores y trabajadores de la educación, organizados en un Comité Escolar para la Administración Participativa (CEAP) podrán decidir las acciones prioritarias a ejecutar, tanto para mantenimiento menor, equipamiento o mobiliario. Es la primera ocasión en la que el recurso llegará directamente a un comité elegido en asamblea, quienes en conjunto con el personal docente realizarán un diagnóstico, un plan de acción y toma de decisiones de cómo invertir este recurso. La Secretaría de Educación Pública brindará al programa tanto apoyo y asesoría técnica, realizará un monitoreo y documentación de avances, así como en el seguimiento de la aplicación de los recursos.
La Cuarta Transformación comienza a transitar de la compacta y segura fase de promesa, a la demandante y contingente fase del propósito.